La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) rechaza los argumentos ofrecidos por parte de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) para la subida del canon de la recogida de residuos, ya que lo achaca a la política impositiva del Gobierno cental.

Así, la Fegamp prevé evaluar toda la documentación en próximos días, con la celebración de una junta de portavoces el próximo martes, 9 de julio. Dos días después concluirá el plazo para que pueda presentar alegaciones, las cuales serán evaluadas por el consejo de administración de Sogama el día 17. Una vez hecho esto, hará su propuesta final de canon para este año a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que será el departamento encargado de aprobarlo.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, y su homólogo en Sogama, Javier Domínguez, han mantenido este jueves una reunión en la sede de la federación municipalista, en Santiago de Compostela, para abordar la subida del precio a 66 euros por tonelada de residuo recogida.

Domínguez, que ha estado acompañado del secretario xeral técnico e do Tesouro de la Consellería de Facenda, David Cabañó, ha insistido en que esta decisión se adoptó después de que la sociedad pública registrase en 2023 unas pérdidas económicas por más de 18 millones de euros.

De este ‘agujero’ culpa a «las últimas medidas adoptadas» por el Gobierno central. Ha detallado que el impuesto a los vertederos y la incineración «se tradujo para la entidad pública empresarial en un desembolso de 9,1 millones» el año pasado. De hecho, ha recordado que Galicia alegó «sin éxito» contra la creación del nuevo gravamen.

Junto a esto, el presidente de Sogama ha mencionado la eliminación de la retribución que percibía la sociedad por las inversiones en su planta termoeléctrica, de la que la Xunta defiende su «eficiencia» y «sostenibilidad», así como la «recuperación» del impuesto del valor de la energía léctrica y la disminución de la retribución de la planta de cogeneración de Cerceda (A Coruña).

Según los cálculos de la sociedad pública, todo ello se tradujo en un incremento de 39 euros por tonelada de residuo que trata, algo que asumió «en solitario». Es por ello que, «ante esta situación insostenible por más tiempo», el Consejo de Administración de Sogama acordó elevar a 66 euros por tonelada el canon que pagarán este año los 295 ayuntamientos adheridos a su servicio de recogida.

De esta cuantía ya se descuenta la aportación adicional que hará la Xunta a estos municipios a través del fondo de cooperación local, que supone un descuento de 12 euros por tonelada. Al respecto, el secretario do Tesouro ha avanzado que estas cantidades se transferirán este mes de julio en un pago único conforme a la población de cada ayuntamiento.

LA FEGAMP RECHAZA ESTOS ARGUMENTOS

Sin embargo, estos argumentos no han convencido a la Federación de Municipios e Provincias. Sobre el impuesto de vertederos e incineración, esta entidad recuerda que el tributo fue cedido a las comunidades autónomas y que, con él, la Xunta prevé ingresar este año más de 12 millones de euros.

Por tanto, Alberto Varela ha solicitado en la reunión con Sogama una «aclaración sobre esta controversia», porque la subida del canon «no puede justificarse de este modo».

El presidente de la Fegamp tampoco ve «correcto» hablar de que la Xunta aportará 9 millones de euros al fondo de cooperación local cuando el mismo es «la financiación que reciben» los propios ayuntamientos de los ingresos de la Comunidad Autónoma.

Por tanto, la Fegamp está estudiando «toda la documentación recibida» y otra información relativa a los impuestos mencionados, con la intención de celebrar el próximo martes, 9 de julio, una junta de portavoces.