Un hombre y una mujer, para quienes la Fiscalía pide 4 años de prisión por una supuesta estafa continuada, han negado los hechos y han alegado que no pudieron devolver las reservas de dos alquileres frustrados por problemas de solvencia de su empresa.

Los acusados han comparecido este martes en el juicio por estos hechos, que se ha celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y que continuará el próximo 15 de julio, debido a la incomparecencia de una testigo.

El ministerio público expone en su escrito de acusación que los dos procesados, responsables de una empresa inmobiliaria, concertaron el alquiler de dos pisos situados en Vigo y que tras recibir cierta cantidad de dinero en concepto de reserva, los alquileres se frustraron porque los propietarios no aceptaron alquilar esos pisos, pero los acusados no devolvieron el dinero a las personas interesadas.

Según la fiscalía, los acusados se quedaron, en total con unos 1.900 euros de dos clientes, y los considera autores de un delito continuado de estafa o, alternativamente, de uno de apropiación indebida. Además de los 4 años de prisión, pide que paguen una multa de 1.620 euros.

En su declaración ante el tribunal, ambos han negado «ninguna intención de estafar» y han explicado que, una vez que los propietarios se echaron atrás en las operaciones, no pudieron devolver las reservas a esos clientes porque la empresa tenía problemas de liquidez, y que trataron de negociar con ellos para «devolver el dinero poco a poco».

Uno de los acusados ha explicado que la empresa «vive al día» y que ha gestionado, en los últimos 2 años, unos 200 alquileres, sin que hubiera ningún problema, «solo en estos dos casos puntuales». Además, tanto él como la otra acusada, han relatado que, en el caso de una de las denunciantes, comenzó a acosarles y amenazarles para que les devolvieran el dinero y, en el otro, llegaron a reembolsarle parte de esa reserva.

En cualquier caso, su abogado defensor ha trasladado que ya hace unos días que los acusados han consignado el dinero para afrontar la indemnización en concepto de responsabilidad civil. Asimismo, los acusados han asegurado que tenían la autorización de los propietarios de los pisos para hacer de intermediarios en los alquileres.

Por su parte, los dos perjudicados denunciantes han confirmado que gestionaron con los acusados esos alquileres que, finalmente, no salieron adelante porque los propietarios no quisieron arrendar los pisos. Uno de ellos confirmó que sí le habían devuelto una parte de la reserva, mientras que la otra relató que no solo no le devolvieron el dinero, sino que ponían «excusas», como que el dinero se lo había quedado la propietaria, sin ser cierto.