El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz, ha demandado la creación de juzgados especializados en materia de seguridad laboral y la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

De ella, ha dicho que en su momento fue «una magnífica ley» pero que ahora «no se ajusta a la realidad de España». «Es una ley para grandes empresas cuando la mayoría de los accidentes son en pequeñas y medianas empresas».

Así lo ha manifestado tras una reunión con fiscales especializados de la comunidad gallega, junto al fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, y el delegado autonómico de Seguridad y Salud en el Trabajo, Luis Anguita.

Tras ella, han expuesto que en Galicia los principales accidentes se dan en el sector pesquero, junto a la construcción, industria y sector agrícola y servicios, en estos últimos casos igual que en el resto del Estado.

El fiscal ha alertado, por otra parte, de los accidentes de tráfico que se registran en el ámbito de la seguridad vial pero «que puedan ser accidentes laborales». «Es importante detectar el tema en repartidores de plataformas», ha sentenciado.

También ha puesto de manifiesto los accidentes in itinere de los que ha dicho que se producen más entre las mujeres, aunque con mayor casos de fallecimiento en el caso de los hombres. Esto lo ha atribuido al hecho de que ellas estén «con más cosas», en relación a las tareas que asumen.

En cuanto a los siniestros laborales, ha incidido en el tiempo que tarda desde que se produce el accidente hasta la sentencia, con una media de cuatro años y medio. En este sentido, ha insistido en la importancia de trabajar para bajar la «pendencia», una cuestión que afecta a todo el Estado en relación al tiempo que pasa desde que se produce el hecho hasta que un fallo judicial.

Por otra parte, ha destacado la necesidad de que las víctimas tuviesen una cobertura «para mantenerse en el día a día» mientras no se produce un fallo con la indemnización correspondiente.

SITUACIÓN EN GALICIA

Mientras, el fiscal superior de Galicia ha asegurado que, de acuerdo con la memoria del Ministerio Público de 2023, han sido 29 las calificaciones fiscales en esta área, un 20,83% más; con 222 procedimientos incoados, un descenso del 20%; con un 54% más de sentenciadas dictadas.

Suanzes ha apuntado a la necesidad de incidir en la formación. «Hay siniestros que se repiten con los mismos patrones», ha expuesto para demandar el cumplimiento de la legislación. «Requiere una actuación decidida para la delincuencia en esta materia», ha recalcado.