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Suspendido el juicio contra un hombre acusado de amenazar de muerte a dos personas en Lugo con una escopeta

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El juicio oral contra un hombre acusado de un delito de tenencia ilícita de armas y de amenazar de muerte a dos personas con una escopeta en un establecimiento de turismo rural situado a las afueras de Lugo ha sido suspendido este miércoles en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital lucense.

El procesado, un varón de 50 años con antecedentes penales por malos tratos en el ámbito familiar, conducción sin permiso de circulación y tenencia y porte de armas, ha comparecido en el juicio por videoconferencia para renunciar a la defensa de su letrada y de su procuradora.

Ya en el turno de cuestiones previas, la abogada de la defensa, designada de oficio, ha reconocido la existencia de «desavenencias» entre esta y el imputado, momento tras el cual el hombre ha manifestado ante la jueza su deseo de renunciar a los servicios de la letrada.

El acusado dispone ahora de un plazo de 15 días para designar nuevos profesionales de manera privada para su defensa en la nueva vista, que será reprogramada. De lo contrario, su representación volverá a ser asignada al turno de oficio.

«OS VOY A PEGAR UN TIRO»

De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos que deberán ser juzgados tuvieron lugar el 26 de marzo de 2021 en un establecimiento de turismo rural situado a las afueras de Lugo.

Fue allí, en el interior de dicho establecimiento, donde el acusado profirió presuntamente a dos personas que se encontraban en el lugar diversas amenazas de muerte. «Os voy a pegar un tiro», llegó a manifestar el imputado, según el relato fiscal, a uno de los individuos mientras le apuntaba con una escopeta de aire comprimido.

Además de la escopeta en cuestión, los agentes de la autoridad intervinieron al procesado una defensa metálica extensible –una especie de bastón o porra rígida– que tiene la consideración de arma prohibida en la legislación española.

Por todo ello la Fiscalía solicita una pena acumulada de tres años y dos meses de prisión y unos 6.000 euros de multa para el acusado como presunto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas, quebrantamiento de condena y amenazas.

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