La Diputación de Lugo ha reclamado que se pongan en marcha «medidas urgentes» para garantizar el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao y de la central térmica de Endesa en As Pontes.

Así lo ha acordado este martes el pleno provincial por unanimidad de todos los grupos, que han sacado adelante también la reclamación de una autoridad portuaria propia para San Cibrao y la exigencia de mejoras en las dotaciones de personal y horarios para las ambulancias de Foz y de Monforte.

En cuanto a las plantas de Alcoa y As Pontes, el pleno provincial ha votado a favor de reclamar «medidas de carácter urgente» a la Xunta y al Gobierno del Estado para garantizar su viabilidad, a propuesta del Gobierno provincial.

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada María Loureiro ha destacado la importancia de las dos compañías para el futuro económico de la provincia, al tiempo que ha explicado que el gobierno provincial llevó esta propuesta al pleno «porque el PP no quiso en la anterior sesión incluir en una moción la responsabilidad de la Xunta en la política industrial».

En relación a esta cuestión, el presidente de la diputación, José Tomé, ha puesto en valor el trabajo de Pedro Sánchez, que «solucionó el problema de Alcoa en A Coruña y está tomando medidas para corregir las dificultades de la compañía en Lugo». «¿Y que hace el señor Feijóo? anduvo de pájaro de mal aguero diciendo que a Alcoa Coruña no la iba a comprar nadie», ha sentenciado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Por otra parte, la corporación provincial ha acordado también este martes una declaración institucional contra la violencia machista, apoyada por todos los grupos con representación y orientada hacia la próxima conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el escrito, se recoje que la diputación de Lugo «quiere expresar su firme compromiso en la lucha contra los asesinatos y agresiones machistas» así como «con el cambio en los elementos estructurales que las generan y las perpetúan».

«Como representantes institucionales, tenemos la obligación de redoblar nuestros esfuerzos en la lucha para erradicar la violencia machista en todas su formas. Un problema que, aún hoy, algunos tratan de negar o disimular bajo una supuesta y genérica ‘violencia familiar’ o ‘intrafamiliar'», explica el escrito.