La ‘Plataforma contra la Impunidad del Caso Carioca’ ha convocado una concentración este lunes en Lugo, apenas algunas horas antes del inicio de la vista de la pieza central de una de las mayores tramas de explotación sexual y trata de mujeres destapadas en España, para denunciar «el papel» jugado por la Fiscalía durante todo el proceso y «el nuevo acuerdo de la vergüenza» que el Ministerio Público «pretende firmar con los imputados» en la macrocausa.

Así lo ha manifestado este lunes, en declaraciones a Europa Press, Mónica González, una de las portavoces de la plataforma, que ha acusado al Ministerio Fiscal de «llegar a acuerdos con cuatro de los cinco imputados» en la pieza central y de lanzar así el «mensaje» de que «importan más las personas poderosas y los funcionarios que las voces de las personas valientes que destaparon el caso y que vivieron verdaderas historias de terror».

«Llevamos años viendo que el papel de la Fiscalía durante todo el proceso parece más de defensa de los imputados y de lograr su impunidad que de conseguir justicia y reparación para las mujeres víctimas. Nos parece una revictimización muy grande por parte de las instituciones y creemos que merecemos otra justicia», ha asegurado González, para acto seguido hacer un llamamiento a la ciudadanía a participar en la protesta y «dar voz a esas mujeres».

Con la concentración, que tendrá lugar a las 20,00 horas de este lunes frente al edificio de los Juzgados de la capital lucense, el objetivo que persigue la plataforma ‘Impunidade Carioca’, constituida en el año 2018 tras la celebración de la vista de una de las primeras piezas en que se fragmentó la operación, es visibilizar «las demandas, las quejas y los gritos» de la ciudadanía en relación a la causa.

«Si judicialmente no hay respuesta, sí que es importante que socialmente haya un reconocimiento y una reparación con respecto a esas mujeres. Porque pueden cerrar el caso, pero no pueden negar los hechos», ha proclamado la portavoz de la plataforma convocante, que cuenta con el apoyo y el respaldo de otros colectivos y entidades «tanto a nivel autonómico como nacional».

LOS POSIBLES ACUERDOS

En el banquillo de los acusados de la Sección segunda de la Audiencia Provincial se sentarán este martes, 16 años después del inicio de la investigación dirigida desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo por la jueza Pilar de Lara, cinco personas en calidad de procesados: tres proxenetas propietarios de diferentes clubes de alterne de la provincia y dos agentes del Equipo de Mujer y Menores (EMUME) de la Guardia Civil, encargados de la inspección de dichos locales.

De acuerdo a lo recogido en el escrito fiscal, los imputados urdieron una trama en la que, valiéndose del puesto de autoridad que ocupaba el principal acusado –un cabo de la Guardia Civil para quien la Fiscalía pide una pena acumulada de prisión de 21 años– emplearon sobornos, coacciones y favores sexuales para evitar sanciones y conocer de antemano las inspecciones que tendrían lugar en sus locales, perpetuando así una red de prostitución mantenida con la connivencia de los agentes implicados.

La Audiencia Provincial de Lugo había distribuido inicialmente en ocho sesiones –todos los martes y miércoles del mes de junio– la vista de la pieza central de la macrocausa, en la que estaba previsto que prestasen declaración más de un centenar de testigos, pero los más que probables acuerdos de conformidad entre Fiscalía y defensas luego de la fragmentación en multitud de piezas de la operación y de las dilaciones indebidas de todo el proceso, podrían alterar el cronograma.

De los cinco procesados, los tres proxenetas, para quienes la Fiscalía solicita penas de prisión de entre un año y un año y seis meses por un presunto delito de cohecho pasivo, podrían reconocer en la vista los cargos a cambio de una rebaja significativa en sus penas.

El principal acusado, el cabo de la Guardia Civil que será juzgado por un delito continuado de solicitud sexual por funcionario público, cohecho, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, favorecimiento de la prostitución, extorsión en grado de tentativa, cinco delitos de abuso sexual y un delito de agresión sexual –por el que la Fiscalía pide la pena más severa, 11 años de cárcel– también podría llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.

El quinto de los procesados que se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial este martes –jefe directo del principal acusado en el EMUME– se enfrenta a una pena acumulada de un año y siete meses de prisión como responsable de un delito de solicitud sexual por funcionario público, un delito de abuso sexual y un delito del deber de perseguir delitos.