Un treintena de personas ha arropado este lunes en los juzgados de Santiago al hombre multado por exigir ser atendido en gallego en un ambulatorio de Rianxo (A Coruña), una sanción recurrida por la vía judicial y que para A Mesa pola Normalización Lingüística representa un ejemplo de la «clara connivencia» que existe entre la Xunta y el Estado para «negar sistemáticamente» el derecho a comunicarse con la adminstración en la lengua propia de Galicia y «amedrentar» a quien demanda el cumplimiento de sus derechos en materia lingüística.
Los juzgados de la capital gallega han celebrado este lunes la vista judicial por el recurso presentado por Xosé Agrelo contra la multa de 600 euros que le fue impuesta por demandar en un centro de salud de Rianxo que se le atendiese en gallego durante un cribado de covid-19.
La sanción llega a los juzgados después de agotar la vía administrativa, en la que la Subdelegación del Gobierno alegó que la multa –ya abonada, pero que la defensa (costeada por A Mesa) pide que sea revocada– respondía a un asunto de «orden público» denunciado por la Policía Local y que, por tanto, estaba desvinculado de cualquier cuestión lingüística.
Antes de entrar a la celebración de la vista, Agrelo ha agradecido el apoyo de las personas convocadas por A Mesa pola Normalización Lingüística, cuyo presidente, Marcos Maceira, ha denunciado ante los medios que en el caso de Rianxo «confluyen» la «negativa» de las administraciones a velar por los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la «actitud» de Xunta y Estado de «amedrentar» a las personas «que quieren usar el gallego en los servicios públicos».
Por un lado, Maceira ha asegurado que la Xunta «todavía sigue negando a través de los funcionarios el derecho a usar el gallego en la propia administración autonómica», a lo que se suma la «clara connviencia» que, dice, existe entre el Gobierno gallego y el central para «presionar» a las personas que exigen «con toda la dignidad» el cumplimiento de las normativas que amparan el derecho de ser atendidos en gallego por los funcionarios.
«No vamos a consentir todo esto. Pueden ir tomando nota el señor (Alfonso) Rueda, el conselleiro de Cultura e Lingua, el delegado del Gobierno y el ministro del Interior», ha aseverado el presidente de A Mesa, que ha subrayado el compromiso de «respuesta» ante «todos los casos que haya de represión en pleno año 2024 por el simple hecho de usar el gallego».
Maceira ha señalado que «recientemente» se ha producido otro caso de una persona que «tuvo un incidente» en la comisaría de Polícia de Pontevedra por cuestiones lingüísticas y que en el mes de julio tendrá lugar un juicio por la vía penal en Ourense contra un grupo de personas «que están acusadas de defender la normativa vigente en relación a la toponimia».
«Tenemos una lengau propia y queremos vivir en ella. Este es un derecho humano reconocido a todos los niveles, que el Estado Español y la Xunta de Galicia deben garantizar siempre y en todo lugar», ha concluido Maceira.
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Contenido multimedia:
Audio: A Mesa acusa a la Xunta y Estado de «amedrentar» a las personas que exigen ser atendidas en gallego
Duración: 03:34
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