El juzgado de lo Penal número 3 de Vigo ha suspendido en la mañana de este lunes, debido a la incomparecencia de uno de los acusados, que se encuentra hospitalizado, el juicio contra 13 empleados de la cafetería del hospital Meixoeiro de la ciudad olívica, que habían sido denunciados por amenazas, coacciones y daños por el administrador del local en el que trabajaban.

De esta manera, el juicio, que estaba previsto para este lunes, martes y miércoles, se reanudará los días 9, 10 y 11 de marzo del año que viene.

Los hechos se remontan a 2010, cuando un empresario, administrador de la mercantil Oh Vigo!, se hizo con el contrato administrativo de la cafetería del Hospital Meixoeiro (porque la anterior empresa había quebrado) y subrogó a sus trabajadores, aceptando las condiciones laborales del último convenio, firmado en 2007.

El empresario sostiene que no podía cumplir las condiciones económicas de ese convenio y, por ese motivo, se suscitó un conflicto laboral por impago de salarios y despidos de trabajadores. A partir de ese momento, en 2010, y según sostiene la acusación particular, los acusados iniciaron una serie de acciones, «actos vandálicos» y medidas de «presión» con la finalidad de que el hostelero accediese a sus peticiones.

Según ha denunciado, entre 2010 y 2014 se sucedieron estos actos, como daños en las instalaciones de la cafetería, colocación de carteles y pegatinas en los que se le insultaba, pancartas en el hospital y otros lugares y vías públicas, amenazas directas o indirectas, concentraciones delante de la cafetería (en las que instaban a los clientes a no entrar) e incluso daños en su vehículo y el de su mujer.

PENAS

Por todo ello, el denunciante reclama que cada acusado sea condenado a 2 años de cárcel por coacciones, a otros 2 años de prisión por amenazas, y al pago de una multa de 3.600 euros por los daños causados a las instalaciones (mobiliario, cerraduras, circuito de cámaras de vigilancia…).

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, reclama el pago de indemnizaciones que suman algo más de 730.000 euros por los daños morales al perjudicado, por los daños causados en las instalaciones, por los daños causados por el lucro cesante y por el daño a la imagen comercial de la empresa.

Por su parte, la Fiscalía también ha formulado acusación, pero ciñe la responsabilidad de los hechos a tres de los trabajadores (aunque admite que pudieron participar otros empleados no identificados), a los que imputa un delito de coacciones, un delito de daños y dos faltas de daños.

De esta manera, pide para uno de los acusados un año y medio de prisión, y el pago de una multa de 120 euros; para un segundo acusado, solicita un año de cárcel y el pago de una multa de 1.080 euros; y para el tercero, el pago de multa de 1.800 euros. Con respecto a la responsabilidad civil, pide que los acusados paguen indemnizaciones que suman unos 1.000 euros, por los daños causados en el circuito de cámaras de vigilancia de la cafetería.

MANIFESTACIÓN

Por su parte, una treintena de personas, convocadas por la CIG, se han congregado este lunes a las puertas de los tribunales vigueses en apoyo a los trabajadores, y en el marco de una campaña «contra la represión sindical». Entre ellos se encontraba el concejal del BNG en el Ayuntamiento de Vigo, Xabier P. Igrexas.

En un comunicado, la responsable de la Federación de Servicios del organización sindical nacionalista, Tránsito Fernández, ha recordado que la CIG denunció ante diferentes instancias que el empresario mantiene «importantes deudas» con Hacienda, la Seguridad Social y con el Sergas, y ha atribuido la denuncia penal, reclamando importantes indemnizaciones, a sus problemas de liquidez.