La Audiencia Nacional comienza este lunes a juzgar a cuatro exdirectivos de la antigua Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, por las supuestas operaciones inmobiliarias irregulares que tuvieron lugar en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, a través de la financiera Proinova, que ocasionó un perjuicio de más de 48 millones de euros.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal celebrará desde este lunes hasta el miércoles las primeras sesiones de la vista oral contra Gayoso, Gregorio Gorriarán Laza, José Luis Pego Alonso y a Domingo González Mera, acusados de un delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social, por el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cuatro años de prisión, mientras que la otra acusación, Abanca, solicita tres años de cárcel para cada uno de ellos.
La Audiencia Nacional ya condenó en 2015 a dos años de prisión a Fernández Gayoso, Pego y Gorriarán por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad, previendo que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente. Los tres –que fueron los primeros banqueros que entraron en prisión en España– se encuentran en libertad, después de que se les concediera a finales de 2017 el tercer grado penitenciario.
El juicio, que será presidido por la magistrada Ángela Murillo -y que está previsto que se alargue hasta mediados de noviembre– llega justo un año después de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que estaba en ese momento haciendo funciones de sustitución del Juzgado Central de Instrucción número 3, enviara a juicio a los cuatro exdirectivos. Asimismo, les impuso una fianza de responsabilidad civil de 68,3 millones de euros y confirmó el archivo de la causa respecto de José González Rodríguez e Isaac Alberto Miguez Lourido.
INFORME DEL FROB
La querella por estos hechos fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que en octubre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.
En este procedimiento se examinan una de las siete operaciones sospechosas de la entidad extinta, en el que la instrucción realizada por la exjuez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó que la financiera inmobiliaria Proinova SLU y Caixanova –actual Abanca– resultó perjudicada patrimonialmente con una cuantía que asciende a 41.853.839 euros a favor del grupo COPASA.
En el año 2007, Caixanova concedió un préstamo hipotecario a la sociedad Rivas ACI SL –creada para llevar a cabo el proyecto urbanístico y participada por varias mercantiles vinculadas a la caja extinta– por el importe de 67.100.000 euros, pese a que la mercantil aún no había adquirido aún las parcelas y sin hacer ningún tipo de análisis de solvencia de la empresa, ni «distinguir el valor entre las fincas».
Debido a que Rivas ACI no cumplió con sus compromiso de satisfacer la deuda, los directivos de Caixanova decidieron hacer reestructuraciones de las condiciones del préstamo, señala el auto.
Además de analizar todas las operativas, la juez recordó en su auto de procesamiento –dictado en agosto del año pasado– que el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios ocasionados a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles, vinculada a COPASA.
