Un hostelero vigués ha denunciado por amenazas, coacciones y daños a 13 de sus empleados, para quienes pide penas de prisión y el pago de indemnizaciones que suman más de 700.000 euros. Los trabajadores se sientan en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal 3 de Vigo desde este lunes y los próximos martes y miércoles de octubre.
Los hechos se remontan al año 2010, cuando este empresario, administrador de la mercantil Oh Vigo!, se hizo con el contrato administrativo de la cafetería del Hospital Meixoeiro (porque la anterior empresa había quebrado) y subrogó a sus trabajadores, aceptando las condiciones laborales del último convenio, firmado en 2007.
El empresario sostiene que no podía cumplir las condiciones económicas de ese convenio y, por ese motivo, se suscitó un conflicto laboral por impago de salarios y despidos de trabajadores. A partir de ese momento, en 2010, y según sostiene la acusación particular, los acusados iniciaron una serie de acciones, «actos vandálicos» y medidas de «presión» con la finalidad de que el hostelero accediese a sus peticiones.
Según ha denunciado, entre 2010 y 2014 se sucedieron estos actos, como daños en las instalaciones de la cafetería, colocación de carteles y pegatinas en los que se le insultaba, pancartas en el hospital y otros lugares y vías públicas, amenazas directas o indirectas, concentraciones delante de la cafetería (en las que instaban a los clientes a no entrar) e incluso daños en su vehículo y el de su mujer.
El conflicto se mantuvo incluso a pesar de que empresario y representación sindical llegaron a firmar dos renovaciones del convenio, y un laudo de convenio arbitral tras una huelga indefinida.
La acusación particular considera que estos 13 procesados actuaron de común acuerdo para presionar al empresario y hacer que desistiese de la gestión de la cafetería, ocasionándole un perjuicio personal (señala que sufrió un «trastorno psiquiátrico de ansiedad»), y también un daño a la imagen de la empresa.
Por todo ello, el denunciante reclama que cada acusado sea condenado a 2 años de cárcel por coacciones, a otros 2 años de prisión por amenazas, y al pago de una multa de 3.600 euros por los daños causados a las instalaciones (mobiliario, cerraduras, circuito de cámaras de vigilancia…).
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, reclama el pago de indemnizaciones que suman algo más de 730.000 euros por los daños morales al perjudicado, por los daños causados en las instalaciones, por los daños causados por el lucro cesante y por el daño a la imagen comercial de la empresa.
ACUSACIÓN PÚBLICA
Por su parte, la Fiscalía también ha formulado acusación, pero ciñe la responsabilidad de los hechos a tres de los trabajadores (aunque admite que pudieron participar otros empleados no identificados), a los que imputa un delito de coacciones, un delito de daños y dos faltas de daños.
El ministerio público considera que los acusados «participaron activamente en una campaña de presión» contra el empresario en los años 2013 y 2014, que incluía pintadas y carteles con «frases insultantes», daños en las instalaciones, y otras acciones, encaminadas a producir un daño en la imagen de la empresa y a perturbar el ejercicio de la actividad de la misma.
Por ello, pide para uno de los acusados un año y medio de prisión, y el pago de una multa de 120 euros; para un segundo acusado, solicita un año de cárcel y el pago de una multa de 1.080 euros; y para el tercero, el pago de multa de 1.800 euros.
Con respecto a la responsabilidad civil, pide que los acusados paguen indemnizaciones que suman unos 1.000 euros, por los daños causados en el circuito de cámaras de vigilancia de la cafetería.
CONCENTRACIÓN DE LA CIG
El sindicato CIG ha convocado para este lunes, a las 9,15 horas, una concentración delante de los juzgados de Vigo, en apoyo a estos trabajadores, y en el marco de una campaña «contra la represión sindical».
La responsable de la Federación de Servicios del sindicato nacionalista, Tránsito Fernández, ha recordado que la CIG denunció ante diferentes instancias que el empresario mantiene «importantes deudas» con Hacienda, la Seguridad Social y con el Sergas, y ha atribuido la denuncia penal, reclamando importantes indemnizaciones, a sus problemas de liquidez.
