La juez de la Audiencia Nacional que investiga la querella que presentó en 2020 la Confederación de Cuadros Profesionales ha acordado alargar seis meses más las pesquisas que lleva a cabo sobre el proceso de venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez María Tardón ha explicado que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores.
Cabe recordar que la querella que dio origen a la causa se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o el fondo suizo Parter Capital Group.
Según los querellantes, los acusados planearon el pase de las plantas de Alu a Parter para trasladar su titularidad al Grupo Industrial Riesgo y, con ello, dejaron las dos factorías «en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocio, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».
PENDIENTE DE INFORMES Y DECLARACIONES
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha prorrogado las pesquisas –a petición de la Fiscalía y de cuatro representaciones procesales– al entender que la investigación no podía cerrarse el pasado 26 de abril, cuando vencía el plazo de instrucción, y «sin perjuicio» de que luego pueda acordar nuevas prórrogas.
«En particular, y en el estado que se encuentra el procedimiento, no es posible saber si de la contestación dada a los oficios dirigidos a las compañías Binance Cryptocurrency Exchange Platform y Payward Trading Ltd se va a derivar o no la necesidad de practicar nuevas diligencias de instrucción, pues no consta que la Policía Judicial haya presentado su informe relativo a la cumplimentación de dichos oficios», ha señalado Tardón en su auto.
Asimismo, la instructora ha incidido en que aún tiene declaraciones pendientes en el marco de la investigación y que no descarta que tenga que practicar «nuevas diligencias» para «confirmar o contrastar» lo declarado por Luis Losada y Francisco Javier Fernández de Bobadilla, investigados en la causa.
