El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha emitido la segunda sentencia que reconoce a un trabajador público autonómico –profesor, en este caso– la ampliación de su permiso de paternidad por otras seis semanas, hasta un total de 22, para igualarlas a las de la madre.

Se trata del segundo fallo emitido en este sentido en la Comunidad gallega, después de que en junio de 2023 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentase doctrina al respecto y concediese las 22 semanas a otro empleado público. La Xunta avanzó entonces que recurriría ante el Tribunal Supremo.

La nueva sentencia, del juzgado de Vigo y con fecha del 7 de mayo de 2024, llega después de que un docente, de Educación Secundaria, solicitase la ampliación del permiso por otras seis semanas –de 16 a 22–, algo que le fue denegado por parte de la Consellería de Educación.

El juez sigue así la doctrina fijada en junio de 2023 por el TSXG, que afirmó que había que conceder esas seis semanas a mayores y que el artículo 124.1 de la ley de empleo público de Galicia era contrario a una directiva europea del año 2019 sobre conciliación.

Además, el TSXG también consideraba que el mencionado precepto de la ley gallega de empleo público contraviene el artículo 14 de la Constitución, así como la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tras esta segunda sentencia, que es firme y contra la cual ya no cabe ningún recurso, la CIG ha emitido un comunicado en el que insta a la Consellería de Educación a aprobar «una normativa para poder aplicar al profesorado los cambios necesarios en la orden de permisos docentes» para igualar los de ambos progenitores en 22 semanas.

Es más, el sindicato ya había trasladado la solicitud a la Consellería de Facenda e Administración Pública, responsable de Función Pública, para poder «aplicar ese derecho con carácter general» a todo el personal autonómico.

Ante el recurso presentado por la Xunta contra la sentencia del TSXG de junio del año pasado, que está pendiente de resolución, la CIG lamenta que «durante todo este tiempo» las personas que hayan tenido hijos «vieron limitados sus derechos por una actitud de la Xunta y de la propia Consellería de Educación de imposible justificación».

En caso de que la administración siga sin aplicarlo, la central nacionalista advierte que «solo queda la opción de reclamarlo, tanto en la vía administrativa como en la judicial».