El sector pesquero ha mostrado la necesidad de que se renueve la operación militar Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico y acercar los buques de la Armada a las zonas de actividad de los barcos de pesca, según informa en un comunicado.

El presidente del Clúster Marítimo Español (CME) y secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha solicitado durante el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, celebrado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, optimizar las medidas de seguridad en el ámbito pesquero para afrontar con garantías la lacra de la piratería y la pesca ilegal.

Además, ha apuntado los nuevos focos de conflicto y los riesgos a los que se enfrenta la flota pesquera española, tanto en el caladero nacional como en aguas de la UE no españolas, o en las de terceros países o alta mar.

De esta forma, Garat ha mencionado las prácticas ilegales de las flotas marroquíes en el Mediterráneo al usar redes de enmalle a la deriva para faenar a pesar de su prohibición, el acoso de las autoridades de Gibraltar a los pesqueros españoles en aguas de España, el narcotráfico de la zona de la Línea o del Guadalquivir, la inmigración ilegal o la competencia con otros sectores económicos que pugnan también en el mar, tales como el gasístico o la eólica marina.

Respecto a las aguas de la UE no españolas, ha señalado las relaciones con el Reino Unido tras el Brexit y la renegociación de las condiciones de acceso a sus aguas y de las posibilidades de pesca en los stocks compartidos que deberá producirse en 2026, o las complejas relaciones con Noruega desde el Brexit por su postura «agresiva» contra los intereses pesqueros ya consolidados de la UE.

Respecto a aguas de países terceros y alta mar, y además de la piratería en el Océano Índico y la del Golfo de Guinea, Garat ha apuntado otros posibles focos de tensión creados, por ejemplo, por la autorización de Noruega para la exploración de sus recursos minerales submarinos, abriendo la puerta a posibles conflictos en aguas de Svalbard y el Mar de Barents.

También ha mencionado las actividades de exploración petrolífera ‘offshore’ autorizadas por Canadá en la zona de regulación de la NAFO (Organización para las Pesquerías del Atlántico Noroeste), y en las mismas localizaciones prohibidas a la pesca de fondo para proteger los ecosistemas marinos vulnerables identificados por los científicos españoles del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con la Secretaría General de Pesca del Ministerio.

También ha señalado la controversia que está generando el proyecto de minería de fosfatos en Namibia, o las «dudosas actividades» de pesca de China en aguas del Atlántico Sudoccidental (milla 201 frente a las costas de Argentina) al no existir una Organización Regional de Pesca (ORP) que regule la actividad como consecuencia de los desacuerdos entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas.

Por otro lado, ha calificado como «peligrosos» los acuerdos estratégicos de colaboración científico-pesquera entre China y Rusia «que están acercando a los chinos a las costas de la UE en el Mar de Barents» y los abordajes ilegales de los activistas conservacionistas de organizaciones como Greenpeace o Sea Shepard.