La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este martes, día 29 de octubre, un juicio contra cuatro hombres, tres de ellos sin persmiso de residencia en España, que se enfrentan entre dos y cuatro años de cárcel por pertenecer a una organización criminal y efectuar robos con fuerza en viviendas de la ciudad de Pontevedra entre marzo y julio de 2018.

En concreto, mientras Fiscalía reclama cuatro años de prisión para tres de los encausados –I.G., D.G. y T.B.– por ser autores directos de los hechos, solamente pide dos años para el único que cuenta con la residencia –N.Q.–, ya que está considerado cómplice por alquilar una vivienda en Cerceda (A Coruña) que alojaba a la banda cuando estaba en España.

Según el escrito del Ministerio Público, se trata de una organización «con gran movilidad geográfica» que accedía a los domicilios «previo estudio» para sustraer dinero en efectivo y joyas. Para adentrarse en las viviendas, los integrantes «violentaban las cerraduras» de las puertas.

Mientras tanto, el acusado N.Q., «plenamente sabedor de las actividades de sus compañeros», y «dado que era el único» con residencia legal en España, había alquilado una vivienda en Cerceda, les facilitaba algún vehículo para el desplazamiento e incluso los había trasladado al aeropuerto para salir del país.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Todos ellos fueron detenidos en la vivienda en Cerceda, donde les fueron incautadas numerosas herramientas y objetios destinados a las sustracciones, así como 1.400 euros en efectivo. Además, N.Q. compareció en el juzgado en diciembre del 2018 para hacer entrega de varias joyas que habían sido sustraidas. De este modo, para todos los encausados concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño causado.

Por estos hechos, todos los acusados responderán por un delito de pertenencia a organización criminal, por los que Fiscalía reclama un año de cárcel a cada uno. A esto se suma la petición de otros tres años para I.G., D.G. y T.B., como autores directos de los robos, y otro año para N.Q. como cómplice.

Asimismo, el Ministerio Público y el letrado de la defensa «no se oponen a que las penas de prisión sean sustituidas por la expulsión del territorio nacional». Así, I.G y D.G. podrían ser expulsados tras el cumplimiento de dos años de condena, mientras que a T.B. se le impondría esta medida cuando la sentencia sea firme.