La Xunta sostiene que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucionales y nulos los artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2023 que limitan a 15 años el plazo de actuaciones contra obras ilegales en la costa tendrá una «incidencia práctica mínima».

Según trasladan fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a Europa Press, la normativa afectaba a «muy pocos expedientes» y «el único objetivo que perseguía era dar seguridad jurídica para esos casos puntuales». Asegura que se perseguía también «obligar a la administración a ser más rápida».

Asimismo, apunta que la Xunta aún no dispone de la sentencia, por lo que en la comunicación realizada por el TC este miércoles «parece afirmar que solo el Estado puede establecer un plazo como norma básica y no las comunidades». «Por lo tanto, solicitamos al Estado que regule para todo el país, dando seguridad jurídica y un plazo común».

«Entre los artículos anulados se encuentra aquel que establecía un plazo de incoación de expediente para la reposición de la legalidad de las edificaciones situadas en zona de servidumbre de costas. La intención del Gobierno gallego en todo momento es generar seguridad jurídica a aquellas construcciones edificadas hace más de una década», asegura. «No podemos olvidar que el plazo de caducidad de acción para iniciar expediente de reposición de legalidad urbanística en nuestra normativa y comparadas es de seis años desde la total terminación», agrega.

Por ello, avisa de que: «La anulación de estos preceptos afectará a edificaciones que lleven en nuestro territorio más de 35 años (pocos casos), lo que puede alterar el principio fundamental de seguridad jurídica de la propiedad».