La Consellería de Sanidade ha emitido una resolución en la que estima parcialmente la reclamación de una paciente del área sanitaria de Lugo, de 28 años de edad, que sufrió el fallecimiento intrauterino de su hija cuando se encontraba en avanzado estado de gestación, y establece para ella una indemnización de 30.000 euros.

El proceso fue tramitado por la letrada Emma Pallardó, de la Asociación El Defensor del Paciente, y se inició después de que, en noviembre de 2020, la paciente (en su semana 37 de gestación) acudiera al PAC de Becerreá al notar un repentino dolor en el estómago y la espalda, y con vómitos.

Allí se le tomó la tensión, con un resultado de 160/90 y, aunque ese dato suponía un riesgo y un indicio de posible preeclampsia, la doctora que la atendió le diagnosticó una epigastralgia y le recetó Primperán y paracetamol.

Cinco días después, preocupada porque no notaba movimientos del bebé, acudió al Hospital Lucus Augusti, donde se advirtió la ausencia de latido fetal y desprendimiento de placenta, con el resultado de fallecimiento de su hija.

La paciente presentó una reclamación y el Sergas ha reconocido que, cuando acudió al PAC, cumplía los requisitos para considerar el riesgo de una preeclampsia, por lo que debía ser sometida a una ecografía y derivada de forma inmediata al hospital. Allí, sostiene El Defensor del Paciente, podría haber salvado la vida del bebé mediante un parto inducido.

Sin embargo, Sanidade establece como criterio indemnizatorio la ‘pérdida de oportunidad’ al no poder asegurarse que, con una actuación distinta, se hubiera podido salvar al feto. En todo caso, establece una indemnización de 30.000 euros, frente a los más de 90.000 euros que reclamaba la paciente.

El Defensor del Paciente ha trasladado, en nombre de la mujer, su esperanza de que esta resolución ponga el foco «en la falta de atención que sufren muchos pacientes en los centros de salud, donde son atendidos con prisas, sin prestar la adecuada atención a síntomas que, en ocasiones como la presente, pueden poner en riesgo la vida y/o salud de las personas».