El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) ha dictado resolución desestimando el recurso interpuesto por la asociación Vigo Histórico y otras personas contra las obras de peatonalización de Porta do Sol, que incluyen la construcción de un túnel para soterrar el tráfico, por considerar, entre otras cosas, que los recurrentes no están legitimados, al no ser licitadores.

En su resolución, este tribunal señala que este tipo de recursos son instrumentos para los licitadores que participan en un proceso de adjudicación de una obra y, en todo caso, señala que los recurrentes no critican ese proceso, sino que reclaman la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno en la que se aprobó la adjudicación.

Asimismo, en la resolución se indica que Vigo Histórico y los demás afectados basan su recurso en actos y acuerdos previos que «no fueron impugnados», y que incluso trata aspectos «ajenos» a la propia contratación, como consideraciones urbanísticas o medioambientales.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dado a conocer este viernes esta resolución, y ha celebrado que el TACGal «le da la razón al Ayuntamiento» olívico, frente a un grupo de personas «que intentan defender sus privilegios y dañar a la ciudad».

El regidor ha confirmado que, tras esta resolución, el Ayuntamiento está en condiciones de «firmar el contrato» e iniciar la reforma de Porta do Sol, por lo que los trabajos comenzarán tras las Navidades.

VIGO HISTÓRICO

Por su parte, la Asociación Vigo Histórico ha comparecido este viernes ante los medios para explicar las razones de la presentación del recurso, y han avanzado que presentarán un diseño alternativo para la reforma de la Porta do Sol.

En su recurso, este colectivo aludía al hecho de que el proyecto, tal y como fue diseñado, no se puede ejecutar, porque los planos utilizados «no reflejan la realidad constructiva de las edificaciones» y que hay un «grave e inminente riesgo de derrumbe de los edificios afectados».

También denunciaron un supuesto incumplimiento de los requerimientos legales en el proceso de licitación, porque no se justifica adecuadamente la necesidad de esta actuación, y alertaron de que la obra no cumple los objetivos recogidos en el reglamento de los fondos FEDER y que es contraria a las políticas ambientales impulsadas desde Bruselas.

Ahora, tras conocerse la resolución del TACGal, han advertido de que la obra que pretende ejecutar el Ayuntamiento «no son una simple pavimentación» y que seguirán adelante con las reclamaciones.

Por el momento, se encuentran a la espera de que se responda a las peticiones de «revisión de oficio» presentadas ante el Ayuntamiento y la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta. Si esta vía no prospera, han avanzado, acudirán a la vía contencioso administrativa, porque el Tribunal de Contratos, «ni mucho menos dice que el Ayuntamiento lo haya hecho bien, y no entra en el fondo del asunto».