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AMP.- La Xunta dotará a las provincias de Pontevedra, Lugo y Ourense de tres nuevas plantas públicas de compostaje

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La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda impulsará a partir de 2020 la puesta en marcha de tres nuevas plantas públicas de tratamiento de biorresiduos para compostaje en las provincias de Pontevedra, Lugo y Ourense, «además de la que está ya construida» en el complejo de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), en Cerceda (A Coruña).

Así lo ha anunciado la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, durante su comparecencia en el Parlamento para explicar los presupuestos de su departamento para el próximo año. En concreto, las cuentas del 2020 estarán provistas de cinco millones de euros para impulsar estas tres nuevas plantas de compostaje, pero la Xunta mantiene «en el cronograma» otros 20 millones que destinará a este efecto en próximos ejercicios.

Del total de 10.149 millones de presupuesto de la Xunta para 2020, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda contará con más de 327 millones de euros –un 8,8% más que en 2019– contando con organismos dependientes como Sogama o la sociedad pública Xestión do Solo de Galicia (Xestur).

Al respecto de Sogama, ha destacado que «por segundo año consecutivo» se mantendrá la rebaja del canon de la entidad pública en un 10% y que la mejora de la gestión de los residuos buscará supera los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2030.

Asimismo, las previsiones de la Consellería de Medio Ambiente, tal y como ha expresado su titular, es que en lo que queda de 2019 el Gobierno autonómico apruebe la estrategia gallega de economía circular. Además, se marca el objetivo de que en 2020 salgan adelante en el Parlamento la ley de ordenación territorial, la ley de pesca continental y la ley de residuos y suelos contaminados.

MICROPARQUES EMPRESARIALES MUNICIPALES

En el ámbito del suelo industrial, Vázquez ha anunciado nuevas ayudas para «la promoción de microparques empresariales» de titularidad municipal, para lo cual se iniciarán en 2020 los primeros trabajos técnicos. En este ámbito, ha avanzado que en el próximo ejercicio se dará impulso a los proyectos de la plataforma logística e industrial (Plisan) de Salvaterra-As Neves (Pontevedra) y de Morás (A Coruña) con una inversión conjunta de 18,3 millones.

En lo tocante a la política de la Xunta en vivienda, la conselleira ha informado que su departamento dispondrá de 118 millones –incluidas las partidas de Xestur, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y del Consorcio Casco Vello de Vigo–, de los cuales 8,2 estarán destinados al ‘Plan Rexurbe’, para la compra y rehabilitación de inmuebles deteriorados en los cascos históricos de 11 municipios. Además, más de 2,3 millones serán para que los ayuntamientos rehabiliten inmuebles municipales para alquiler social o situaciones de emergencia.

De hecho, 2020 será el año en el que el Gobierno gallego aprobará la primera ‘Área Rexurbe’, un instrumento creado por la ley de rehabilitación -que también contará el próximo año con su respectivo reglamento– para captar ayudas públicas de cara a una «rápida intervención», para el cual el Ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo) fue el primero en solicitarlo.

En cuanto a la vivienda de promoción pública, la Consellería de Medio Ambiente destinará 4,9 millones para rehabilitación; 10,7 millones para construcción; y 16,7 millones en ayudas para la compra dirigidas a menores de 35 años. No en vano, Vázquez ha recordado que la Xunta implantará incentivos fiscales para la compra de vivienda en áreas rurales y una «bonificación verde» del 15% en el IRPF por actuaciones de mejora de eficiencia energética en los hogares.

«URBANISMO RESPONSABLE»

Para el «fomento de un urbanismo responsable», la conselleira ha concretado que habrá 3,2 millones para ayudar a los ayuntamientos a redactar sus planes generales y especiales, y que «el siguiente reto serán los planes básicos municipales» para las localidades de menos de 5.000 habitantes, para cuyo planteamiento se prevé una partida de 840.000 euros.

En patrimonio natural, Vázquez ha avanzado una inversión de 3,5 millones en un paquete de diez actuaciones para el plan estratégico de la Ribeira Sacra, enclave candidato a Patrimonio de la Humanidad y que que en 2020 contará con un área de rehabilitación integral (ARI) que será «la tercera» gestionada por el IGVS.

Así, la Consellería de Medio Ambiente ha hecho referencia a la problemática del jabalí y ha concretado que las cuentas de la Xunta para el próximo año prevén un paquete de casi 3 millones de euros en ayudas para «paliar y prevenir» los daños de la fauna salvaje, «casi el doble».

«TODO LO QUE NO HICIERON»

Por parte de los grupos de la oposición, el primero en intervenir ha sido el diputado del BNG Luís Bará, quien ha tachado lo expuesto por la conselleira de «lista de la compra de proyectos y propuestas» que suponen «la demostración de todo lo que no hicieron en los últimos años».

Así, Bará ha criticado que pese a que la ley de patrimonio natural fue aprobada en agosto de 2019, la Xunta «ya la está modificando», y ha esgrimido que iniciativas como la ley de ordenación del territorio «lleva varios años para llegar al Parlamento». Además, ha evidenciado que las políticas del PP de Galicia en materia de residuos, para lo cual ha mencionado la planta de Sogama, son «una fábrica de cambio climático».

Por su parte, el diputado del Grupo Común da Esquerda Antón Sánchez no ha dudado en pedir a la conselleira que dimita debido al «fiasco» de las políticas de la Xunta en vivienda. En este sentido, tras cifrar en 14.000 las personas que demandan inmuebles de protección oficial, ha censurado que el Gobierno de Feijóo «paralice» la oferta.

No en vano, y tras lamentar que en los presupuestos de Galicia para el año 2020 la política de vivienda supone «el 0,12%» de su PIB, ha recordado que del presupuesto previsto en 2019 a este efecto, un total «de 6 millones de crédito definitivo», se ejecutaron «33.000 euros».

ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN

La socialista María Pierres ha acusado a la Xunta de «un año más» vulnerar el artículo 45 de la Constitución, que establece que «todos tienen derecho a disfrutar» del medio ambiente y que corresponde a los poderes públicos «velar por la utilización racional» de los recursos.

En este sentido, la diputada del PSdeG ha aprovechado para preguntar a la conselleira «dónde están» la ley de residuos y la estrategia para el cambio climático, al tiempo que ha dicho «echar en falta la igualdad de oportunidades» en el acceso por parte de los municipios a distintas convocatorias públicas en materia de vivienda y territorio, ya que son una «plataforma casi exclusiva para ayuntamientos del PP».

Frente a todas estas críticas, el parlamentario popular Gonzalo Trenor ha respaldado la gestión de la Xunta y ha celebrado «el incremento de un 8,85%» en los presupuestos de 2020 para la Consellería de Medio Ambiente, junto a unas rebajas fiscales que permiten, según sus palabras, «consolidar un mayor crecimiento y creación de empleo» que en el resto de comunidades.

Asimismo, Trenor ha destacado que Galicia será el próximo año «una de las cuatro únicas» autonomías en tener una estrategia contra el cambio climático y ha afeado a los grupos de la oposición que si «no participaron» en su redacción fue «porque no quisieron». Todo ello no sin antes reivindicar un proceso de transición energética y descarbonización «justos» frente al modelo del Gobierno central: «No se puede improvisar simplemente por acaparar titulares».

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