La presencia de contaminantes emergentes como fitosanitarios y antibióticos de uso veterinario en purines, lodos de depuradora e incluso cultivos en zonas de ganadería intensiva del territorio gallego se ha convertido en una «creciente preocupación» para la comunidad científica especializada en el estudio de la salud del suelo.

La Unidad de Gestión Ambiental y Forestal Sostenible (Uxafores), concretamente un equipo de investigación del Departamento de Edafología de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del Campus Terra de Lugo, en colaboración con el Campus de Ourense y el CSIC de Santiago, lleva años estudiando la presencia de estos compuestos en los suelos de la comunidad, evaluando su comportamiento y desarrollando medidas de control para evitar su paso a la cadena trófica.

Los resultados de uno de sus proyectos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, han revelado la presencia de algún antibiótico, hasta cinco en la misma muestra, en el 42% de los purines examinados en el área de estudio –las comarcas de agricultura y ganadería intensiva de Sarria (Lugo) y A Limia (Ourense)– con mayores índices de concentración en los purines de porcino que en los de vacuno.

«Hasta el 80% de las dosis de antibióticos administradas al ganado son excretadas por orina y heces, acumulándose en lodos de depuradora, estiércoles y purines que al ser aplicados al suelo pasan al medio natural. El 17% de los suelos estudiados tenía alguno de los antibióticos y estaban presentes en el 71% de las pratenses y del maíz y en el 33% de los granos de trigo muestreados», desvela, en declaraciones a Europa Press, Esperanza Álvarez, la catedrática e investigadora del Campus Terra que lidera el proyecto.

Si bien la mayoría de los suelos gallegos, precisa Álvarez, tienen «mucha materia orgánica», «componentes de baja cristalinidad» y una «gran capacidad para retener contaminantes», la sobrefertilización y la producción ganadera de tipo intensivo elevan la amenaza de que los antibióticos terminen por contaminar los acuíferos y pasar a la cadena trófica. «Una producción muy intensiva, a nivel de consumo de antibióticos, es más problemática. Hay más enfermedades, se necesitan más tratamientos y evidentemente se genera mucho más purín», explica.

«En el caso de la contaminación por antibióticos como las tetraciclinas o las sulfonamidas pudimos concluir que el mayor problema lo presentan los purines de porcino y los suelos que los reciben y que las sulfonamidas son menos retenidas en los suelos y por tanto pueden pasar como mayor facilidad a las aguas», agrega después.

Materiales residuales muy abundantes en Galicia como la concha de mejillón, la ceniza de biomasa o la corteza de pino, que cuentan, revela Esperanza Álvarez, con una «elevada capacidad para retener estos contaminantes», podrían utilizarse para la «depuración de aguas» y para «aumentar la capacidad de retención del suelo».

El estudio de la contaminación en los suelos gallegos provocada por antibióticos de consumo humano y veterinario y, más recientemente, por antibióticos ionóforos –usados como anticoccidios en animales y con una alta toxicidad para los humanos pero cuya presencia en los cultivos no ha sido detectada– completan esta línea de investigación de Uxafores.

EL MARCO NORMATIVO

Este mismo mes, el pleno del Parlamento Europeo daba luz verde, con 336 votos a favor, 242 en contra y 33 abstenciones de sus eurodiputados, a una propuesta de la Comisión para la elaboración de una Ley de Vigilancia del Suelo en la Unión Europea, el primer marco normativo específico sobre la materia orientado a la investigación, evaluación y limpieza de los suelos contaminados.

Un proyecto de ley, que deberá sacar adelante el Parlamento surgido de las próximas elecciones europeas, que persigue el objetivo de contar con unos suelos saludables en el año 2050 y que obligará a los países a monitorear y evaluar la salud de los suelos en su propio territorio y a asumir los costes derivados de las labores de limpieza de los suelos contaminados de conformidad con el principio de «quien contamina paga».

Según datos de la Comisión Europea, se estima que existen en el territorio comunitario 2,8 millones de suelos potencialmente contaminados, aproximadamente el 60% de ellos como resultado de la actividad minera e industrial y algo más del 30% relacionado con el sector servicios. La futura Ley de Vigilancia del Suelo exigirá la clasificación de estos lugares y también la elaboración de una lista pública de suelos contaminados en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la directiva. Una tarea que se antoja ardua.

Y es que aunque existen datos parciales sobre el estado de salud del suelo derivados de proyectos como los de Uxafores, en áreas de estudio focalizadas y concretas, la comunidad autónoma gallega no dispone de una declaración de suelos contaminados ni de un registro de calidad del suelo pese a que así lo establece el marco normativo vigente.

La Ley 06/2021 de Residuos y Suelos Contaminados de Galicia, en vigor desde el 17 de marzo de 2021, establece en su artículo 61 que «el órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de suelos contaminados declarará y delimitará los suelos contaminados». También señala, en el artículo 71, la obligación de llevar a cabo un registro de la calidad del suelo de Galicia, así como de acompañar dicho registro con «un sistema de información georreferenciada o un mapa, de carácter público, que incluya todos los datos relevantes relacionados con la declaración de suelo contaminado».

«Actualmente no existe ninguna declaración de suelo contaminado en la Comunidad Autónoma de Galicia», apuntan escuetamente, tras ser consultados por Europa Press, desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

«Hay que hacer una monitorización en serio de los suelos y la administración, por las actividades que están de alta, debería tener un registro de los puntos donde se puede llegar a producir una contaminación y dedicar fondos a comprobar si la hay o no», reflexiona, respecto de la declaración, Ángeles Prieto, investigadora del CSIC.

QUIEN CONTAMINA PAGA

Si bien desde el inicio de la regulación de los suelos contaminados, en la década de los 80, comenzó a hablarse sobre la responsabilidad de los actores contaminantes, la aplicación del principio de «quien contamina paga» –presente tanto en el marco normativo gallego como en la futura legislación europea– plantea algunas lagunas, especialmente cuando la contaminación se produce en suelos no industriales.

«La contaminación derivada de la actividad industrial suele estar más focalizada, no es una contaminación difusa como puede ser el caso de otros contaminantes en suelos agrícolas que afectan a extensiones más amplias», matiza Ángeles Prieto.

Para la investigadora Esperanza Álvarez, llevar a la práctica la máxima de «quien contamina paga» en algunos casos no resulta una labor sencilla, particularmente cuando se trata de contaminación difusa, por lo que un «principio de solidaridad» entre Estados «para casos especiales» podría resultar, en su opinión, interesante.

«Hay mucha contaminación histórica. El principio de quien contamina paga está muy bien y parece muy justo cuando la contaminación está muy focalizada, pero en el caso de las actividades agrícolas ¿quién paga?, ¿cada persona que echa el purín o que sobrefertiliza?, ¿cómo contabilizas lo que esa persona contribuyó a contaminar, por ejemplo, un río?», reflexiona en voz alta. Y concluye: «Lo que tiene que haber es un registro más exhaustivo. Tiene que haber más datos de los que hay, hace falta más investigación. La contaminación del suelo hay que tomársela como un problema grave porque afecta a la salud ambiental y humana».