El regidor municipal de Ourense ha cumplido su amenaza de cesar al interventor municipal, desatendiendo el informe de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El informe señalaba que el titular del puesto de trabajo de Interventor General Municipal fue nombrado por concurso y que, por tanto, «cabe entender que no procede la tramitación de un expediente de cese por parte del Ayuntamiento».

Sin embargo, Jácome ha firmado la remoción del interventor en una medida única a nivel estatal. Jacome ya había advertido al interventor en el mes de diciembre que abría expediente de cese, ahora se hace oficial en la misma semana en la que se celebró la vista oral por la denuncia interpuesta por el interventor municipal por presunto «acoso laboral» por parte del regidor municipal.

El alcalde vuelve a cesar a un funcionario municipal de habilitación nacional, después de haberlo hecho con la tesorera del ayuntamiento a la que nombró viceinterventora.

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

Las reacciones del resto de la corporación municipal no se han hecho esperar. Los primeros en manifestarse han sido los socialistas. Desde la formación sostienen que «se trata de otra maniobra de distracción ante el estado crítico de los servicios sociales y la situación de extrema inestabilidad presupuestaria» que, dicen, «no garantiza siquiera poder abonar las nóminas de los trabajadores públicos durante el presente año».

Consideran que «desvía la atención hacia el funcionario y a los responsables de fiscalizar el trabajo del gobierno que encabeza» y añaden, además, que es cuestión de tiempo que el interventor vuelva a su puesto de trabajo, «respetando los tiempos de la justicia» después de la demanda interpuesta por el presunto acoso laboral.

«No podemos más que rechazar la manera de proceder del regidor y pedimos que tome el timón de este ejecutivo gestionado por Democracia Ourensana S.L, que lo único que intenta es demonizar a los empleados públicos», ha afeado la portavoz del PSOE municipal, Natalia González, que también ha expuesto que el interventor municipal ha sido trasladado ahora a la Concejalía de Facenda.

Por su parte, desde el grupo municipal del Partido Popular advierten que el cese del funcionario «agravará aún más la situación de colapso económico del Ayuntamiento».

Acusan al alcalde de «vanagloriarse cada día en sus redes sociales de que está mejorando la ciudad», mientras que «el colapso presupuestario es real» y dicen que desde el PP seguirán «defendiendo a los trabajadores públicos que ejercen sus derechos en defensa de sus funciones y de su persona», así como «censurando la actitud dictadora del grupo de gobierno», que aseguran «intenta tapar su mala gestión con ataques constantes a los trabajadores».

Por su parte, los representantes del Bloque Nacionalista Galego vinculan el cese de los máximos responsables de la fiscalización económica municipal, al hecho de que el actual gobierno local «no quiere que nadie cuestione nada de lo que hace y alerte sobre los continuos incumplimientos de los procesos y de la legalidad que debe regir en una administración pública».

El portavoz de la formación, Luis Seara, apunta que ambos ceses tienen en común el mismo objetivo; «tirar hacia adelante sin que nadie cuestione lo que se hace, tapando la grave situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento», una situación que considera «consecuencia de una nefasta gestión a lo largo de los últimos cinco años con PP y DO, juntos o separadamente».