El Gobierno gallego ha remitido al Consello Económico e Social (CES) el anteproyecto de la Ley de impulso demográfico, una vez estudiadas todas las aportaciones que se presentaron durante el periodo de exposición pública y de las que se tomarán en consideración, según el presidente, Alberto Núñez Feijóo, más del 80 por ciento.

Un total de 25 organizaciones y personas a título individual remitieron 336 sugerencias, lo que demuestra, según Feijóo, «el interés y la implicación» de la sociedad en una norma que incorporará algunos cambios. Por ejemplo, recogerá el «objetivo» de avanzar progresivamente hacia la «universalización» de la educación infantil de 0 a 3 años.

En esta meta, el jefe del Ejecutivo gallego ha asegurado que espera «contar con la implicación del Gobierno central».

Asimismo, ha enumerado otras novedades que se incluyen en el articulado, como la recogida «de forma expresa y separada en el texto» de la participación del tercer sector social en las políticas de impulso demográfico.

También «avanzar en la creación de servicios de conciliación» en los centros de trabajo de la Administración autonómica y promover que se pongan también en funcionamiento en «en el resto de administraciones públicas de Galicia»; así como garantizar la accesibilidad de los recursos de atención temprana.

Planteará también elaborar una estrategia de prevención y abordaje integral de la soledad no deseada; y crear un comité de ética de los servicios sociales de la Comunidad, un órgano «consultivo y colegiado» que ejercerá sus funciones de forma autónoma.

MODIFICACIONES

Entre las principales modificaciones realizadas en artículos que ya existían, después de tener en cuenta las alegaciones, es preciso destacar que, en relación a la Administración local, se considera el esfuerzo económico en función de la capacidad de cada ayuntamiento, para que cada municipio desarrolle políticas demográficas en la medida de sus posibilidades.

Asimismo, se incluye «de forma expresa» que se facilite a las personas más vulnerables el acceso a la oferta formativa, especialmente de las que tengan otras personas a cargo y se incorporarán en la ley programas de recuperación de viviendas vacías; y se promueve la participación de los ayuntamientos en el apoyo a las familias monoparentales.

Del mismo modo, las prestaciones y ayudas se fijarán en función de la situación familiar y también del número de hijos; se establecerá una prórroga de un año de las prestaciones en situaciones de «especial vulnerabilidad»; y se aplicará un trato diferenciado a las familias con niños o personas dependientes a cargo.

Contempla que se establezcan bonificaciones para el transporte; se ampliará hasta la mayoría de edad de los hijos del personal del sector público autonómico el acceso a la flexibilidad horaria; y los programas de acogimiento de personas refugiadas o inmigrantes se adaptarán a las necesidades específicas del rural.

En la misma línea, se promoverá el consumo de productos de proximidad en los servicios de la Xunta; la teleasistencia avanzada será accesible y adaptada a las circunstancias específicas de los usuarios; y la futura estrategia de impulso demográfico se someterá previamente a su elaboración al informe del Parlamento.

INVERSIÓN DE 700 MILLONES AL AÑO

Feijóo ha ratificado que se prevé una inversión de más de 700 millones de euros al año para ejecutar las diversas medidas que contempla el texto y que empezarán a introducirse ya en paralelo a la tramitación de la ley.

«Lo importante es que Galicia puede convertirse en la primera Comunidad en tener una ley de impulso demográfico», ha destacado Feijóo como conclusión, a lo que ha añadido que «las políticas demográficas no son optativas, son obligatorias».