Uno de los implicados en la red que trató de sacar de España cerca de 900.000 euros relacionados con el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, afirmó en la Audiencia Nacional que el abogado Gonzalo Boye, coordinador de la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, les dijo que conocía una manera para «justificar» la procedencia del dinero y así poder recuperarlo.

Así lo explicó este investigado, cuyas iniciales son M.A.P.S., en su declaración a finales del pasado mes de julio ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, que investiga la organización de Sito Miñanco a raíz de la cual ha abierto una pieza separada por presunto blanqueo de capitales en la que está imputado Gonzalo Boye, quien hasta hace unas semanas defendía al ‘narco’.

En la comparecencia, que fue a petición propia y a la que ha tenido acceso Europa Press, M.A.P.S. contó a la magistrada que uno de los supuestos subalternos de Sito Miñanco, Luis Enrique García Arango, le encargó a principios de 2017 que llevara junto a otras cuatro personas el dinero del narcotraficante hasta Colombia. El plan se frustró cuando el grupo fue interceptado en el aeropuerto de Barajas y los 889.470 euros, aprehendidos.

M.A.P.S. aseguró que desconocía la procedencia del dinero aunque admitió que sospechaba que su origen era ilícito, dijo a la juez que nunca ha pertenecido a la organización criminal de Miñanco y que a éste se lo había presentado García Arango con el sobrenombre de ‘Mario’ en una galería de tiro próxima a Alpedrete (Madrid).

Según afirmó, tras la incautación de los casi 900.000 euros y la incapacidad para justificar su origen es cuando hace su aparición Gonzalo Boye, con el que, según el testigo, coincidió en «cinco o seis» reuniones.

PAGARÉS YA UTILIZADOS

En la primera estuvieron presentes Sito Miñanco, García Arango, un abogado llamado Jesús pero del que no recuerda su apellido, Boye y el propio M.A.P.S. El tal Jesús fue quien les mostró unos «pagarés» con los que, según les contó, ya había reclamado dinero anteriormente.

En otro encuentro, explicó esta persona, fue el propio Boye el que dijo que conocía «la manera de justificar esos pagarés para recuperar el dinero», llegando a afirmar que el abogado fue quien «produjo» la documentación que presentar ante el Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac).

«Gonzalo dice que va a hacer los contratos y que, cuando los tenga, Manuel tiene que ir a firmarlos para presentarlos a Hacienda», dijo M.A.P.S. a la juez Tardón, en referencia a Manuel P.G., la persona que el grupo de Barajas había señalado como propietaria del dinero.

Según su relato, «tiempo después» llegó la notificación del Sepblac rechazando los contratos aportados por Boye, subrayando que los pagarés ya se habían incorporado anteriormente en otra justificación de dinero en efectivo.

Tras contestar a Tardón y al fiscal antidroga, y a la pregunta directa de su abogado acerca de si cree que Boye fue quien lideró la trama para aportar la documentación al Sepblac, afirmó tajante: «Es correcto».

DICE QUE SÓLO TRAMITÓ LA SOLICITUD

La declaración de esta persona, que se encontraba en ese momento en prisión provisional, es la que ha propiciado que Boye haya comparecido este miércoles como imputado después de que el lunes agentes de la UDEF registrasen su vivienda y su despacho profesional ante la sospecha de que se hubiese involucrado en el blanqueo de dinero del narcotráfico.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el letrado ha alegado ante la juez que su rol en este asunto se limitó a tramitar, tal y como le solicitó su cliente Sito Miñanco, la solicitud de devolución del dinero intervenido ante el Sepblac, justificando mediante unos contratos (letras de un préstamo entre particulares) que el origen de ese efectivo era lícito.

Sin embargo, el Sepblac rechazó la documentación porque ya había sido utilizada con anterioridad para justificar otro dinero en el año 2015 y ahí las miradas se dirigieron a Boye. El abogado sostiene que si los contratos no eran ‘limpios’, la responsabilidad sería en todo caso de quien se los entregó para que los presentase.

«El Sepblac en su momento consideró que esos hechos no eran constitutivos de delito y simplemente, una sanción administrativa a las personas que llevaban el dinero», ha resumido Boye en declaraciones a los medios tras pasar ante la juez.

Ha reconocido la reunión con las cinco personas a las que se había incautado el dinero en efectivo, pero ha recalcado que lo hizo para explicarles precisamente que el Sepblac no había aceptado la documentación, en un encuentro que fue monitorizada por las fuerzas policiales y de la que también da fe en su declaración el implicado que le apunta.

LOS DOS FIRMANTES DE LOS CONTRATOS

Justo antes que Boye, han comparecido ante la juez las dos personas cuya firma aparecía en aquellos contratos de préstamo entre particulares y que están siendo igualmente investigadas. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press concretan que, en este caso, Fiscalía Antidroga no ha solicitado la adopción de medidas cautelares.

Estas dos personas, de acuerdo a las fuentes consultadas, han declarado ante la juez Tardón que no conocían a Boye y que no tenían ninguna relación con él. Los contratos fueron suscritos en 2015, cuando el letrado todavía no representaba a Miñanco, si bien fueron utilizados después, en 2017, fecha en la que fue intervenido el dinero en efectivo en el aeropuerto.