La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto por falta de pruebas al empresario acusado de duplicar facturas de un congreso que tuvo lugar en Santiago a comienzos de 2009.

Así, la Audiencia ha absuelto al administrador de tres sociedades encargadas de la organización del Congreso de Análisis sobre Latinoamérica de los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, estafa procesal en grado de tentativa y apropiación indebida de los que fue acusado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

El tribunal considera que no hay pruebas de que el sospechoso estafase a la Xunta y a los organizadores del congreso, que se celebró en Santiago entre el 24 y el 29 de enero de 2009, a través de facturas duplicadas.

«No se ha demostrado que en la reclamación civil formulada por el acusado contra la empresa organizadora del congreso se hubiesen reclamado sumas ya abonadas por la Xunta por idénticos servicios prestados», indica el tribunal.

Los jueces, además, subrayan que la compañía organizadora «tenía pleno conocimiento de la existencia de la facturación a la Xunta y de su valor económico», por lo que sostienen que estaba «en plenas condiciones de discutir procesal y materialmente la reclamación efectuada, sin posibilidad de engaño».

«Ausente la falsedad documental, no concurren los elementos propios del delito de estafa procesal. Estamos ante una cuestión civil. Se trata de determinar si se ha facturado parcialmente, de alguna manera, doblemente a la Xunta y a la empresa organizadora», señala el tribunal.

DECLARÓ SU INOCENCIA EN EL JUICIO

En el juicio celebrado en diciembre de 2018 en la sede compostelana de la Audiencia de A Coruña, el acusado se declaró «inocente». «He pagado todos los servicios», aseguraba por entonces este hombre al frente de una empresa familiar en Santiago «desde hace 35 años».

Tres empresas de las que era administrador fueron contratadas por la sociedad que organizaba el Congreso de Análisis sobre Latinoamérica-Construyendo Eurolat para servicios como compra de billetes de avión, hoteles y traslados en la ciudad.

El acuerdo entre la compañía organizadora y el acusado era que algunos servicios se le facturarían a la organización y otros a la Secretaría Xeral de Comunicación de la Xunta de Galicia.

El Gobierno gallego llegó a abonar casi 40.000 euros en facturas por servicios que se acreditan fueron prestados, pero la organizadora denunció que el acusado quiso pasar facturas duplicadas que ya habían sido pagadas por la Xunta. Esta querella se presentó posteriormente a que el acusado iniciase un proceso en un juzgado de Madrid para cobrar lo que asegura le adeuda la compañía promotora del congreso.