A Mesa pola Normalización Lingüística tramitó en 2023 un total de 1.129 expedientes en defensa del uso del gallego frente a entidades públicas y privadas, de los que casi el 40% fueron quejas (450).

El presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, y la diputada de Lingua de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra, han presentado este viernes el Informe anual da Liña do Galego, correspondiente a 2023.

Así, según los datos recogidos, la entidad tramitó a través de llamadas, correos electrónicos y de su aplicación web, un total de 1.129 expedientes, de los que 650 fueron consultas, 29 felicitaciones y 450 quejas.

De las quejas, han explicado que la gran mayoría corresponden a discriminaciones y exclusiones lingüísticas (208%) y por toponimia deturpada (25%).

Asimismo, lamentan que otro apartado en el que las quejas aumentan año tras año es el referido al uso del gallego en las web y servicios online, que en 2023 supusieron el 22% de las quejas recibidas por el servicio.

Maceira ha recordado que A Liña do Galego es «el único servicio gratuito que se oferta en Galicia» para recoger este tipo de información y ha destacado la colaboración de la Diputación.

«La acción de A Liña do Galego es reconocida año tras año en los informes de la Valedora do Pobo al Parlamento de Galicia como fundamental para resolver positivamente parte de las denuncias con motivación lingüística que recibe la institución», ha recordado, además de servir para documentar denuncias internacionales como las presentadas en el Consello de Europa o a la ONU.

Entre las quejas dirigidas a administraciones, destacan las recaídas en la administración autonómica, «evidenciando los pasos atrás que la Xunta está dando en los últimos años en relación al impulso del gallego en la administración y en el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía».

«Quien más debería hacer cumplir la legislación que protege y ampara el gallego es precisamente quien más la incumple y vulnera», ha lamentado el presidente de la Mesa.

RECLAMACIONES A LAS ADMINISTRACIONES De las reclamaciones dirigidas a la administración autonómica, apuntan que casi la mitad se dirigen a la Consellería de Sanidade (el 38% del total).

Por su parte, la Consellería de Educación aglutinó un 15%. Maceira ha remarcado las dirigidas a los libros electrónicos, con una mayor oferta en castellano, lo que «impide en muchos casos que se puedan dar las materias estipuladas en gallego e impide el cumplimiento del propio decreto de la Xunta».

El informe destaca también el aumento «significativo» de las quejas que recibieron las tres universidades públicas gallegas por «impedir o dificultar al alumnado la realización de trámites en gallego».

Mientras, la administración central recibió el 34% de las quejas, lo que demuestra que «los usuarios de A Liña son cada vez más conscientes de que sus derechos lingüísticos van más allá de las fronteras gallegas y que, por tanto, el Gobierno estatal también debe cumplir con sus obligaciones lingüísticas».

La mayoría de las reclamaciones dirigidas a esta administración son para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por deturpación de toponimia gallega en los paneles de las carreteras y por la ausencia de atención oral y escrita en gallego por parte de Renfe y Adif.

Por último, la administración local concentró el 25% del total entre las quejas interpuestas, la mayoría, también, por deturpación de toponimia gallega o la exclusión del gallego en algunas de las actividades o servicios ofrecidos por los municipios.

En cuanto a las reclamaciones protagonizadas por empresas, la que más quejas registró fue la de Vodafone (12%), especialmente a partir de la campaña promocional ‘Venche a Vodafone’, «que indignó a gran parte de la comunidad gallega por la dejadez evidente en el uso del gallego». Contra Naturgy se registraron un 11% de las quejas.

«La falta de atención oral y escrita en gallego, la señalización y rotulación de los establecimientos exclusivamente en español y la deturpación de toponimia gallega en las comunicaciones escritas y en las páginas web son las principales quejas dirigidas al conjunto de las empresas y, también, a las entidades bancarias», han explicado.

COMPROMISO «INQUEBRANTABLE» DE LA DIPUTACIÓN

Soledad Agra ha sido la encargada de cerrar la presentación y ha recordado que es necesario «trabajar por la igualdad de derechos lingüísticos y por el fin de los prejuicios, tópicos y actitudes negativas que aún hoy afectan al uso de nuestro idioma».

A este respecto, ha incidido también en la obligación de las entidades públicas de «garantizar que cualquier persona que así lo desee pueda desarrollar su vida plenamente en gallego con normalidad».

«No debería ser la sociedad civil la que se organice en la defensa de sus derechos lingüísticos», ha afeado, pero «mientras tenga que ser así», ha aseverado que el compromiso de su departamento con A Liña do Galego será «inquebrantable».