La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado este martes a una pena de tres años de cárcel a una vecina de Burela (Lugo) acusada de intentar matar con un hacha a otra mujer en la estación de autobuses de la localidad en febrero de 2023.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para la procesada una pena de cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones agravadas con instrumento peligroso, pero tras largas deliberaciones, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad para reducir a tres años el tiempo de condena, que será efectiva al oponerse el Ministerio Fiscal a la suspensión de la pena de prisión debido a la «peligrosidad» de la autora confesa de los hechos.

La condenada, una mujer de mediana edad afincada en el municipio de Burela, que se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 21 de febrero de 2023, ha reconocido los hechos ante la jueza y ha aceptado la pena, que cumplirá, de acuerdo a lo dispuesto por el tribunal, en un centro médico «adecuado a su anomalía psíquica» o en un «centro penitenciario con módulo de carácter psiquiátrico».

Los hechos juzgados tuvieron lugar la tarde del 20 de febrero de 2023 en la estación de autobuses de Burela, momento en que la acusada –ahora condenada por sentencia firme– aguardó «agazapada» a la víctima, de acuerdo a lo recogido en el escrito fiscal, «en las escaleras próximas a la zona de baños» de la citada estación.

«Que te corto la cabeza, te voy a matar, no vas a salir viva de aquí», vociferó entonces la procesada a la víctima, para acto seguido y «con intención de acabar con su vida» –precisa el escrito de acusación– asestar un golpe con el hacha por la espalda a la mujer de forma repentina «a la altura del hombro izquierdo».

La «anomalía y la alteración psíquica» que presentaba la acusada en el momento de los hechos como resultado de la «dependencia de opioides» y de un «trastorno psicótico y de personalidad» motivado por el consumo de «múltiples sustancias» ha sido tomada en cuenta a la hora de interesar la modificación de la petición de condena.

La acusada, que deberá cumplir también una pena de ocho años de libertad vigilada con la prohibición de aproximarse a la persona perjudicada a menos de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo período de tiempo, deberá indemnizar –mediante un pago fraccionado de 40 euros al mes– con 1.400 euros a la víctima por las lesiones y las secuelas causadas, y con 442 euros al Sergas, por la asistencia facultativa prestada.