El juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija de 13 años «de forma continuada» se celebra a puerta cerrada tras la petición planteada por una de las partes en la vista, fijada para este miércoles y el jueves.

En su escrito de calificación de los hechos, Fiscalía pide diez años de prisión para el hombre acusado de abusar durante, al menos, dos años y medio de su hija, en la localidad coruñesa de Carballo.

Además, el Ministerio Fiscal también solciita nueve años de prisión para la abuela y dos años de prisión para la madre de la menor por, presuntamente, permitir las agresiones sexuales y no auxiliarla.

Según el fiscal, las encausadas conocían los hechos «ocurridos en el interior de la vivienda». «Ninguna de las dos, pese a su parentesco y convivencia con la menor, impidió que el acusado continuase agrediéndola ni acudió a las autoridades o a terceros para denunciar los hechos o pedir ayuda» y permitieron que se repitiesen en ocasiones posteriores.

En concreto, el presunto agresor obligaba a su hija a «realizarle tocamientos», la penetraba y le causó daños físicos en una de sus múltiples agresiones. También era habitual que la sentase en su regazo para tocarla «y frotarse contra ella». Durante estos ataques, que comenzaron en 2013 y terminaron en 2016, el hombre «inmovilizaba a la niña para vencer su resistencia y le decía que si contaba algo la mataría», relata el texto.

Como consecuencia de los hechos cometidos, la menor sufre un daño psicológico de evolución de momento impredecible, «ha manifestado pesadillas, dificultades para dormir y conductas heteroagresivas», asegura Fiscalía

Por todo, piden para el hombre una pena de diez años de prisión, privación de la patria potestad, la libertad vigilada por otros diez años, una orden de alejamiento de la niña y de sus otros dos hermanos de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos durante 20 años.

RESPONSABILIDAD DE LA MADRE Y LA ABUELA

Según Fiscalía, la niña había pedido ayuda a su madre y le había contado lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la encausada padece una discapacidad intelectual leve y un adicción al alcohol. De hecho, ella también era «objeto de las conductas violentas» de su pareja, que fue condenado por haberla agredido en 2008.

A juicio del Ministerio Fiscal esto generaba «un evidente temor para enfrentarse» al hombre. Por este motivo, piden para la mujer una pena de dos años, un mes y quince días de prisión, la privación de la patria potestad, libertad vigilada por otros dos años, la misma orden de alejamiento que al padre, la prohibición de comunicarse con ellos por cinco años y una multa de seis euros diarios durante quince días.

La abuela de la niña también está acusada de un «delito continuado de agresión sexual» y la Fiscalía pide nueve años de prisión, la libertad vigilada por cinco años, una orden de alojamiento de 500 metros y comunicarse con ellos por 20 años. También una pena de tres meses de multa con cuota diaria de seis euros.

Además de todo eso, los acusados deben indeminzar a la menor por el daño moral y físico ocasionado con 20.000 euros, según la acusación del Fiscal. Desde 2017, «como medida cautelar» la niña fue adoptada y no está en contacto con ninguno de sus progenitores ni con su abuela.