La Policía Judicial investigará las identificaciones recogidas en un informe pericial encargado por la acusación particular del Caso Maruxaina, ejercida por la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei).

En el documento se identifica a entre cinco y seis personas que podrían estar vinculadas con las grabaciones a mujeres orinando en la calle durante las fiestas de A Maruxaina (Lugo) en 2019, vídeos que acabaron en una página web de pornografía.

Según ha explicado a Europa Press el abogado que representa a Bumei, José Manuel Oliveros, la asociación encargó el informe preliminar a un grupo de expertos informáticos dado el «impás y paralización» del procedimiento judicial, «sin vías de encauzar líneas nuevas de investigación».

Así, la asociación facilitó al grupo toda la información recabada con anterioridad y en base a la que los expertos han identificado a cinco o seis personas.

Oliveros presentó este documento a principios de marzo en el Juzgado, que debía decidir si el propio grupo encargado del informe preliminar continuaba con las investigaciones para llegar a un documento definitivo, o lo hacía la Policía Judicial.

Finalmente, el magistrado encargado del caso se ha decantado por la segunda opción, con lo que será el citado cuerpo de seguridad el que continúe con las pesquisas.

Con todo, Oliveros no concreta tiempos ni los pasos a seguir, ya que «todo dependerá de la Policía Judicial».

GRABADAS EN LA CALLE EN 2019

El caso Maruxaina arrancó en 2019, cuando algunas de las víctimas encontraron vídeos suyos en una página web de pornografía de pago en los que se las podía reconocer orinando en la calle durante las fiestas de A Maruxaina (Lugo) de ese mismo año.

Las afectadas fueron presentando denuncias y en marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro archivó el caso al considerar que las grabaciones «no constituían un delito por ser realizadas en un lugar público en el que podían ser vistas por cualquiera».

La decisión creó un gran malestar en la calle y llevó a la convocatoria de movilizaciones sociales.

Tiempo después, la Audiencia Provincial de Lugo reabrió el caso ya que consideraba «comprometida» la intimidad de las víctimas. Se practicaron entonces las diligencias pedidas por Fiscalía y acusación y entre 2022 y 2023 se volvió a tomar declaración a muchas de las afectadas. El caso prescribe en agosto de este año.