La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado la decisión tomada en su día por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas y ha confirmado el archivo de una denuncia que un concejal había presentado por supuesta prevaricación en la contratación y pago de dietas a funcionarios que ejercen de secretario e interventor del Ayuntamiento de Valga.

Con ello, la Audiencia desestima el recurso que el entonces edil Manuel Castiñeiras había presentado contra el sobreseimiento de una denuncia, decretado en enero de 2023. Con posteridad, en el mes de mayo del año pasado, el Juzgado de Primera Instancia ya ratificó este archivo, que fue recurrido ante la audiencia.

Castiñeiras recurrió en su momento el auto tras conocerse el informe emitido por el Consello de Contas de Galicia que ponía en duda la justificación de dietas de cargos públicos y funcionarios de al menos cuatro ayuntamientos gallegos, entre ellos el de Valga.

En este municipio pontevedrés, el organismo fiscalizador señaló que «las percepciones de dietas por desplazamiento de los funcionarios con habilitación nacional al Ayuntamiento acumulado no están previstas en el régimen jurídico aplicable, ni la justificación documental aportada puede considerarse como suficiente, motivo por lo que no se considera suficientemente justificada ni la percepción de las dietas, ni la justificación de estas».

Contas cifró en más de 19.600 y casi 20.700 euros lo percibido por el interventor y el secretario, respectivamente, en gastos de desplazamiento y manutención entre 2017 y 2021.

Posteriormente, en abril, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas español emitía un informe en el que concluía que, «indiciariamente», puede existir «responsabilidad contable» en algunos de los supuestos que denunciaba el Consello Galego de Contas, por lo que solicitó una justificación al Ayuntamiento.

Sin embargo, el juez archivó la denuncia presentada por el concejal porque el informe de Contas «no tiene el valor de alterar la decisión tomada» ya en enero por el mismo juzgado instructor, ni tampoco «revela indicios» de ninguna irregularidad. La Audiencia ha vuelto ahora a rechazar el recurso.

«NADA ILEGAL»

En una rueda de prensa para dar a conocer esta sentencia, el regidor de Valga, José María Bello Maneiro, ha señalado que los autos judiciales hacen hincapié en que la cobertura de puestos de secretario e interventor en régimen de acumulación «fue autorizada por la Xunta» y que el cobro de dietas denunciado «ya había sido objeto de anteriores pronunciamientos por parte de los tribunales» que «tampoco encontraron ninguna irregularidad».

Añade, además, que el Tribunal de Cuentas, «supremo órgano fiscalizador del sector público», concluyó que esos pagos «tienen cobertura legal», mientras que el Consello de Contas «es un órgano de carácter consultivo» con informes «no vinculantes».

Sobre los otros asuntos que incluía la denuncia, referentes a supuestas irregularidades en un contrato de refuerzo administrativo y en la composición de una mesa de contratación, «el pronunciamiento judicial es el mismo: no hay nada ilegal», apunta el consistorio.

El alcalde de Valga ha aplaudido esta nueva resolución judicial, advirtiendo de que «las mentiras caen por su propio peso» y «el tiempo pone a cada uno en su lugar». «A nosotros nos mantiene aquí, en el gobierno de Valga, y al señor Castiñeiras lo puso fuera de la Corporación. Y todo por la voluntad expresada por los vecinos en las urnas», ha dicho.

El regidor ha lamentado los «casi seis años de campaña de acoso y derribo» contra los funcionarios y se ha preguntado «donde estaban» la FEMP y la Fegamp «cuando este Ayuntamiento estaba siendo atacado sin ninguna base, como está quedando demostrado en las reiteradas resoluciones judiciales». «Esperamos que los implicados en esta persecución contra el gobierno municipal den la cara alguna vez y pidan disculpas», ha zanjado.