La Comisión Europea ha cerrado el expediente sancionador que había abierto contra España por «deficiencias» en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «analiza e investiga los accidentes e incidentes». Así lo hace después de que el Estado haya realizado un plan de acción de seguridad ferroviaria demandado por Europa.
La Comisión Europea informó en 2019 de la apertura de este expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria «no cumplen los requisitos» que exige la normativa comunitaria. Entre otras cuestiones, detectaba problemas en «las técnicas de supervisión» por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
Previamente, en julio de 2017, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, denunció el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria y falta de evaluación de riesgos, de manera que vinculaba directamente la decisión del Ejecutivo comunitario con irregularidades en el momento del accidente de tren en Angrois, ocurrido en Santiago en 2013, con 80 muertos y más de un centenar de heridos.
Ya en 2016 la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) había presentado un informe en el que cuestionaba la independencia de la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) acerca del accidente de Angrois.
VALORACIÓN DEL BNG
Este mismo jueves, Miranda ha valorado que «gracias a la denuncia del BNG en la Eurocámara el Estado español hizo el plan de acción de seguridad ferroviario demandado por Europa». Así, espera que el cierre del procedimiento de infracción garantice el cumplimiento de la normativa europea y evite nuevos accidentes.
«Estoy orgullosa de haber defendido a las víctimas del Alvia y contribuir a un cambio para que nunca más se produzca un accidente así», subraya Miranda. No obstante, recuerda que «no todo está terminado», ya que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no ha realizado la investigación independiente que siguen demandando.
Paralelamente, la eurodiputada ha solicitado el acceso al expediente del plan de acción presentado por el Gobierno español.
