El Parlamento Europeo aprobó el martes una nueva directiva que unificará y añadirá nuevos delitos medioambientales a los códigos penales de los estados miembros, una decisión a la que entidades ecologistas dan la «bienvenida», pero inciden en la necesidad de aumentar los medios y la formación tanto para el sistema judicial como para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La normativa fue aprobada por amplia mayoría –499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones– y recoge una lista actulizada de delitos, entre ellos el comercio ilegal de madera, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.

La directiva, que dará a los estados miembros dos años para transponerla a su legislación interna, incluye el denominado «delito cualificado» como los incendios forestales a gran escala, la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, «equiparable al ecocidio», según informa la Eurocámara. Además, los infractores estarían obligados a reparar los daños.

Entidades ecologistas consultadas por Europa Press confían en una adecuada transposición de estas cuestiones al derecho español, aunque elevan la mirada y valoran más que la normativa vaya a unificar los códigos penales en toda Europa.

En este sentido se pronuncia Jaime Doreste, abogado especializado en derecho medioambiental y colaborador de Ecologistas en Acción, porque «en buena medida» lo recogido en la directiva recién aprobada «ya está en el Código Penal español».

Por ejemplo, menciona que lo que se considera ‘ecocidio’ en España existe el equivalente al delito de contaminación «hiperagravado», o por ejemplo los que causan «grave daño» a los recursos naturales.

Por ello, Doreste considera que la directiva está «más destinada a otros países» y para tener un marco punitivo homologable en todo el espacio comunitario.

«DIFICULTADES» DEL SISTEMA

Dicho esto, este abogado experto reflexiona sobre otras «dificultades» con las que se encuentran los procesos penales por este tipo de ilíticos, como por ejemplo las «duplicidades» que ocurre en muchas ocasiones con las sanciones administrativas.

Asimismo, Jaime Doreste considera que hay que actuar desde otros puntos de vista, como la «carencia de medios» en la justicia y la «formación» de todos los agentes implicados, incluidos jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En este asunto coincide con el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, quien también da la «bienvenida» a «cualquier modificación» legal que proteja el medioambiente.

Y es que esta directiva, según explica a Europa Press, llega a raíz de que la propia UE detectó que había «bastantes problemáticas» en la justicia de algunos países para perseguir estos ilícitos que «van en aumento a nivel global». De hecho, ya es la cuarta actividad delicitiva a nivel mundial.

DELITOS MEDIOAMBIENTALES «TRANSFRONTERIZOS»

En este contexto, Santos agradece que la UE decida poner cartas en el asunto y «unificar» los códigos penales europeos, aunque ahora son los estados los que «tienen que transponer bien» esta directiva.

El coordinador de Greenpeace en Galicia evidencia que «hay muchos delitos que son transfronterizos» y pone de ejemplo claro del desastre del ‘Prestige’: afectó a la costa gallega, pero tenía bandera de Bahamas, su capitán (Apostolos Mangouras) era griego y la aseguradora, británica.

Santos recalca que «claramente era un delito medioambiental penal», pero «no hubo responsables» en este sentido. La única condena fue al capitán, pero por desobediencia grave a la autoridad. Por tanto, «algún problema tenemos», subraya el responsable de Greenpeace.

Asimismo, reflexiona sobre las grandes corporaciones a las que «muchas veces se les hace más rentable delinquir» y pagar las multas antes que cumplir la legislación. Por ello, Santos también apuesta por aumentar las «medidas disuasorias» e «involucrar mucho más a todo el sistema judicial».