El ente Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Infraestruturas de la Xunta, ha multado por una «infracción grave» por contaminación a la empresa Tugsten San Finx S.L. y le ha impuesto una multa de 180.000 euros. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo.
En la resolución, queda confirmado que se produjo un vertido de aguas residuales al rego Rabaceiras en dos puntos no autorizados y con superación de los límites impuestos para los parámetros de Cobre, Cadmi y Zinc; una falta de ejecución en plazo de las instalaciones de tratamiento y evacuación para el vertido de las aguas residuales en la balsa de decatnación final y un «incumplimiento» de dos cláusulas (la quinta y la novena) de la autorización dada por Augas de Galicia el 1 de febrero de 2023 para instalaciones industriales del interesado en las Minas de San Finx, en el término municipal de Lousame.
Todos los colectivos sociales y del mar agrupados en la plataforma contra los vetidos de la mina de San Finx han celebrado que Augas de Galicia declare a la empresa minera responsable de la comisión de una infracción grave, aunque consideran que «llega tarde» porque sus denuncias se remontan a 2016.
Además, lamentan que no vengan acompañadas de la imposición de medidas cautelares, incluyendo el taponamiento de las galerías de drenaje y el sellado de las labores en superficie para minimizar la entrada de agua, medidas que seguirán reclamando.
Esta sanción se produce después de que Augas de Galicia también reconociese la necesidad de revocar la autorización de verteduras otorgada a la empresa hace exactamente un año, en febrero de 2023, y que llevó una intensificación de las protestas y acciones judiciales por parte de los colectivos.
RECURRIDA EN LOS JUZGADOS
De hecho, la autorización de las verteduras que ahora se revocará está recurrida en los juzgados de lo contencioso y existe, en paralelo, una demanda penal por «posibles delitos de prevaricación, falsedad y malversación» asociados a su concesión.
Los colectivos integrados en la plataforma también han advertido de que la empresa, cuya titularidad real se desconoce desde el pasado verano, está «aparentemente desaparecida», pues no presentó alegaciones frente a la propuesta de sanción –como se puede comprobar en el expediente de resolución de Augas de Galicia– que le fue enviada por el ente instructor en diciembre de 2023.
Los respresentantes de la empresa también llevan semanas evitando comparecer ante los juzgados de Noia, según aseguran estos colectivos, juzgados en los que están llamados a declarar como investigados por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
«RIESGO DE FUGA»
Por este motivo, y ante «el riesgo de fuga», los colectivos exigen a la Xunta que imponga de inmediato las fianzas necesarias y aplique el canon de control de vertidos para garantizar que se llevan a cabo las actuaciones necesarias para impedir la continuidad del vertido, así como la restauración de la zona afectada por las presas de residuos minerales abandonadas.
A finales de 2020, señalan estos colectivos, la Xunta aprobó una actualización del plan de restauración con un presupuesto de apenas 187.000 euros, pese a que los colectivos ecologistas y el mar cifran el coste necesario en varios millones de euros.
Como parte en este proceso sancionador se presentaron la Asociación Ambiental e Cultural Tralapena, la Plataforma pola defensa do mar da comarca de Muros e Noia, la Federación Ecoloxista Galega -Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas da Galiza, la Asociación Verdegaia y la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción.
