El juicio contra dos vigueses por un supuesto delito de tráfico de drogas, para quienes la Fiscalía pide penas que suman casi 15 años de cárcel, y que estaba señalado para este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), ha sido suspendido.
Según han informado fuentes judiciales, el motivo de la suspensión es un problema de salud de uno de los encausados, por lo que la vista no se ha celebrado y ha quedado aplazada.
En este procedimiento se juzga a dos vigueses, a quienes la Fiscalía acusa de un delito de tráfico de drogas y, a uno de ellos, también le atribuye un supuesto delito de lesiones y otro contra el orden público.
Según se recoge en el escrito de acusación, el 9 de diciembre de 2022, uno de los acusados se encontraba en las proximidades del domicilio del otro acusado cuando fue abordado por efectivos de la Policía Nacional, ante la posibilidad de que fuese a proveerlo de estupefacientes.
Ante la presencia de los agentes, el primero de los acusados tiró al suelo la sustancia, que resultó ser una bolsa de plástico que contenía 6,637 gramos de cocaína valorada en 577 euros. Además, para evitar ser detenido, forcejeó con los agentes, a los que lanzó codazos y llegó a empujar a uno de ellos hacia unas escaleras.
A continuación, los efectivos de la policía nacional registraron un trastero del acusado, donde encontraron numerosas tabletas de cocaína valoradas en más de 200.000 euros, así como resina de cannabis valorada en unos 20.000 euros. Asimismo, los agentes localizaron más bolsas de cannabis y de otras sustancias como THC, además de 65.690 euros.
El escrito de Fiscalía señala que el acusado vendía estas sustancias a otras personas, entre ellas el otro procesado, que fue visto por efectivos policiales entregando a otra persona un paquete en la calle Vicente Risco de la ciudad olívica que contenía 0,9 gramos de cocaína.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para el primero de los acusados nueve años de prisión y multa de un millón de euros por un delito contra la salud pública; siete meses de cárcel por el delito contra el orden público; y multa de 540 euros por el delito leve de lesiones. Para el otro acusado, Fiscalía solicita 5 años de prisión por el delito contra la salud pública.

