La Fiscalía pide seis años de cárcel e inhabilitación para dos exaltos cargos de la Consellería de Medio Ambiente en 2011, entonces dirigida por Agustín Hernández, acusados de falsificar documentos para justificar la omisión en un informe negativo a la obra de dragado de la Ría de Ferrol y para no incluirlo en la Declaración de Impacto Ambiental.

Los acusados son el entonces jefe de Servicio de Conservación da Natureza de A Coruña, Carlos Muñoz, y el exsubdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade, Rogelio Fernández Díaz, y el juicio se celebrará el 24 y 25 de octubre de este mes, en la sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago de Compostela.

Ambos cargos habían sido citados en 2016 como investigados junto con el exdirector xeral de Conservación da Natureza de la Xunta en el año 2011, Ricardo García-Borregón Millán, y el subdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade, Javier Turrillo Montiel. En concreto, habían sido citados por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y falsedad documental.

Adega había presentado entonces una denuncia que fue admitida a trámite y que derivó en una investigación a instancias del Fiscalía ambiental del Tribunal de Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por los trabajos, valiéndose de una draga, sobre los fondos de la ría ferrolana, actuaciones se prolongaron durante dos meses, entre octubre y noviembre de 2011.

En concreto, se indagaba si se autorizó el dragado del canal de la ría de Ferrol con el objetivo de facilitar la entrada y salida de buques gaseros hacia la planta de Reganosa con un informe realizado posteriormente para rebatir otro previo que alertaba sobre los daños ambientales que provocaría esta intervención en un área protegida.

Según el texto del proceso que se celebrará el 24 y 25 de octubre, ambos funcionarios (Muñoz y Fernández Díaz) redactaron, firmaron e introdujeron en el expediente remitido a la Fiscalía en dos ocasiones (2011 y 2013) un documento «inexistente en el original», y elaborado con posterioridad a la obra. La denominada ‘nota interior’ estaba firmada por Fernández Díaz, mientras que Muñoz figuraba en el recibí, con el fin de «reforzar la apariencia de autenticidad».

También introdujeron en el citado expediente, según la Fiscalía, una diligencia fechada en 2010 para hacer constar que la fecha del anterior documento no era la que allí figuraba y que se había producido una incidencia.

Para dar credibilidad a este relato, simularon dos documentos (oficios administrativos), uno de ellos denominado ‘Aclaración relativa al expediente Mejora de los calados en el canal de entrada al interior de la Ría de Ferrol’, en el que se solicitaba la revisión del expediente del año 2012.

Los funcionarios están acusados de falsificar documentos «con el único objetivo de justificar ante la Fiscalía la no incorporación a la Declaración de Impacto ambiental del informe, que debería haber emitido el órgano responsable de la gestión de Red Natura 2000». El objetivo, según el fiscal, fue «ocultar la existencia de un informe negativo a la obra y disimular o justificar así dicha omisión en su departamento».