El juzgado de instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) ha dictado auto por el que acuerda una nueva prórroga, de seis meses, en la instrucción del caso de la joven viguesa Déborah Fernández Cervera, cuyo cadáver apareció semidesnudo en una cuneta, días después de su desaparición en Vigo, en mayo de 2002.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, en un auto de este mismo jueves, la magistrada ha acordado esa prórroga, a fin de que se practiquen las diligencias pendientes, y a petición del Ministerio Fiscal.

Así, a día de hoy quedan pendientes la prueba de ADN del exnovio de la chica, único investigado en relación con su muerte, y que debe repetirse debido a las «irregularidades» en las anteriores extracciones de muestras, según han explicado los abogados de la familia de Déborah.

También está pendiente de realización el estudio del móvil de la víctima, que estuvo desaparecido durante años, y que fue localizado en septiembre de 2022 (sin tarjeta SIM) durante unas obras en dependencias policiales en Madrid.

Los letrados de la familia han censurado que el análisis del terminal fue acordado por el juzgado en enero de 2023 y, un año después (al margen de que la propia familia encargó a una empresa especializada, Lazarus, su estudio), la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de la Policía Judicial no ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto del móvil.

Ya en julio del año pasado el juzgado acordó una prórroga de la instrucción y la familia se opuso, de igual modo que ahora también han rechazado la nueva ampliación del plazo de instrucción. La familia de Déborah ha reiterado su petición de que se archive el caso.

En julio de 2023 los padres y hermanos de la chica comparecieron ante los medios para anunciar que se daban «por vencidos» ante el «maltrato» de la justicia y del Estado de Derecho, y después de más de 20 años «luchando» para llevar a juicio a la persona responsable de la muerte de Déborah.

Sus abogados pidieron el sobreseimiento provisional de las actuaciones tras recibir numerosas negativas a sus peticiones de pruebas y tras las irregularidades en la investigación, aunque advirtieron de que seguirían «trabajando» para saber «qué pasó con Déborah». Del mismo modo, la familia también pidió ese archivo y denunció que no se sentía «amparada» por la Justicia, por lo que pidieron «el fin de la vergüenza» y evitar que la instrucción siga siendo «una burla» a la memoria de la chica y a su «dignidad».