A Mesa pola Normalización Lingüística ha denunciado ante el comité de expertos de la Carta Europea de las Lenguas del Consejo de Europa los «incumplimientos» que sufre el gallego por parte de la Xunta y del Gobierno del Estado tanto en educación como en justicia.

En un comunicado, A Mesa explica que, en el acto, además, han participado la Asociación de Medios en Galego (Amega), Prolingua, Axunta (Eo-Navia) y Fala Ceibe do Bierzo. Previamente, Amega y A Mesa han mantenido una reunión con representantes políticos gallegos en el Parlamento español.

La entidad señala que el informe presentado al Comité de evaluación de la Carta Europea de las Lenguas incide en el «incumplimiento» de la resolución previa emitida en 2019 por el Comité de Ministros europeo, que reclama a la Xunta y al Gobierno español suprimir las limitaciones a la educación en gallego en Galicia, enmendar la Ley orgánica del poder judicial para garantizar el uso de este idioma a solicitud de una de las partes, mejorar el uso del gallego en la Administración del Estado e incluir el gallego en el Estatuto de Asturias.

En el caso de la educación, censura que «no solo no se derogó el decreto 79/2010 para eliminar las restricciones al uso del gallego en materias como matemáticas, física y química y tecnología, sino que el programa de libros de texto digital EdixGal no permite que las materias que se pueden impartir en gallego cuenten con materiales para hacerlo. Además, apunta que la Xunta se negó reiteradamente a recibir la propuesta de la mayoría de representación de la comunidad educativa (sindicatos, ANPAS, MRPs) y A Mesa para elaborar un nuevo decreto.

Respecto a la justicia, critica la negativa del Estado a modificar la Ley orgánica del Poder Judicial para permitir el uso del gallego a petición de una de las partes, junto a la imposibilidad de emplear el gallego en el programa Minerva Nox que la Xunta traslada a los juzgados, lo que obliga al funcionariado a traducir formularios y documentos que sí están en castellano y limita el uso del gallego. Junto a ello, A Mesa denuncia, también la existencia de directrices de la Dirección general del Registro del Ministerio de Justicia que impiden la tramitación normal de la restauración de los apellidos del gallego.

Respecto a los otros ámbitos que contempla la Carta, a Mesa ha trasladado al Comité de expertos las dificultades para el uso del gallego en la Administración General del Estado, que no requiere el conocimiento de gallego para prestar servicios en Galicia o que apenas cuenta con versiones en gallego en sus webs a partir del primer nivel.

A esto, ha indicado A Mesa, se añaden los retrocesos en la Administración autonómica, donde la oferta positiva en gallego es cada vez menor, incluida la oferta online.

En este sentido, ha recordado al Consejo de Europa que más del 60% de las quejas que recibe a través de la ‘Liña do galego’ tienen que ver con la administración pública, con el SERGAS en primer lugar.

En relación a la vida social y económica, A Mesa ha denunciado el «incumplimiento» en la Carta en la legislación con «más de 200 disposiciones legales que obligan al uso del español». «Continúan siendo extremadamente difícil o imposible abrir una cuenta bancaria o contratar un seguro en gallego», sostiene A Mesa.

En relación a los medios de comunicación, A Mesa lamenta la discriminación y arbitrariedad a la que la Xunta somete a los medios en gallego. «La exclusión del único periódico impreso en gallego de las ayudas a los medios de comunicación sirve para ejemplificar una actitud que se extiende a digitales y emisoras de radio y televisión», apunta.

A Mesa ha denunciado, junto a las entidades representantes del gallego del Eo Navia y O Bierzo, las mayores dificultades que sufre el gallego en estos territorios, por no contar con amparo legal pese a la instancia que el Comité de Ministros hizo en 2009 para el reconocimiento del gallego como lengua oficial en estos territorios.