Policías locales de Baiona (Pontevedra) han asegurado este miércoles que desconocían la existencia de una tarjeta que autorizase al exalcalde, el socialista Carlos Gómez Prado, a aparcar en carga y descarga.

Así lo han declarado durante el juicio llevado a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que investiga a Gómez por la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación, en concurso con un delito de falsedad documental, por haberse quitado presuntamente cinco multas de estacionamiento y haber usado una tarjeta fraudulenta para justificar que podía aparcar en una zona de carga y descarga.

Para él, Fiscalía solicita penas que suman 3 años de prisión y 17 de inhabilitación. También se acusa a un oficial jefe de la Policía Local como cómplice, para el que se piden 3 años de cárcel y 4 años y medio de inhabilitación.

Pese a que este miércoles estaba prevista la intervención en la vista de ambos acusados, los dos solicitaron declarar en la jornada del viernes, por lo que fue el turno de los policías locales denunciantes.

Ellos explicaron que fue a raíz de las cinco multas cuando el alcalde comenzó a utilizar una supuesta tarjeta de aparcamiento autorizado, pero que no fueron informados de la misma, aunque sí la vieron en el coche del regidor. No obstante, tenía «defectos», porque carecía de número de expediente o de fecha de expedición.

Además, meses más tarde el vehículo de Carlos Gómez sí usaría otra tarjeta con estos datos y se les informó que a partir de cierta fecha, ese documento permitía aparcar también en carga y descarga, por lo que no podían multar a los usuarios de la misma si estaban en esas zonas.

Precisamente esa tarjeta fue firmada por el oficial acusado, no por el jefe de la Policía Local en aquel momento. Precisamente el jefe también ha declarado este miércoles, asegurando desconocer la existencia de esta tarjeta antes de los hechos.

Él ha reconocido que, en caso de que él estuviese ausente, sí sería correcto que la tarjeta la firmase el acusado, en aquel momento oficial de policía. Al carecer de fecha de expedición, se desconoce si estaba él ausente o no.

Entre otros temas, los agentes insistieron en que, el procedimiento habitual es que una vez se ponen las denuncias por mal aparcamiento, los sancionados pueden alegar su comportamiento. A partir de ahí, esa alegación llega al agente que realizó la denuncia para que este escriba un informe sobre los hechos. Sin embargo, en el caso del exalcalde esto no ocurrió, pero sí que le fueron retiradas las multas.

HECHOS

Los hechos se remontan a abril y junio de 2021, cuando Gómez era regidor del municipio pontevedrés. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Gómez Prado, que ahora lidera el grupo municipal del PSOE de Baiona (tras ser desbancado de la Alcaldía en las elecciones locales de mayo pasado), fue multado por agentes de la Policía Local en cinco ocasiones, entre el 30 de abril y el 9 de junio de 2021.

Con intención de eludir las sanciones, en el trámite de alegaciones presentó una tarjeta que, supuestamente, le autorizaba a aparcar en esa zona, y argumentó que no la había puesto en el vehículo cuando había aparcado esos días porque la había dejado olvidada en otro coche.

La Fiscalía sostiene que esa tarjeta fue elaborada posteriormente ‘ad hoc’, y firmada por el propio alcalde y el coacusado, oficial jefe de la Policía Local. Además, el entonces regidor aportó un informe firmado por ese policía, en el que éste aseguraba que conocía la existencia de la tarjeta acreditativa para ese coche, al servicio de la Alcaldía, y que, por tanto, el coche del alcalde estaba estacionado esos días y en esa zona con su conocimiento y autorización.

En todo caso, el Ministerio Público apunta que, tal y como figura en el texto de la tarjeta supuestamente fraudulenta, el alcalde tampoco podría aparcar en esa zona de carga y descarga, sino solo en zonas habilitadas a tal efecto. A raíz de esas alegaciones, el instructor del expediente, de la la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra, archivó el procedimiento sancionador.

En agosto de 2021, Carlos Prado firmó cinco resoluciones como alcalde en las que, «con total desprecio del deber de abstención» estimó sus propias alegaciones y resolvió archivar los expedientes sancionadores.

DELITOS Y PENAS

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público. Además, considera al segundo acusado cómplice en el delito de prevaricación y autor del delito de falsedad.

Así, reclama que Carlos Gómez Prado sea condenado a la pena de 15 años de inhabilitación para cargo público y a tres años de cárcel y otros 2 años de inhabilitación por el delito de falsedad, así como la imposición de una multa de 1.080 euros.

Para el otro acusado solicita la pena de 3 años de cárcel y multa de 1.080 euros, así como inhabilitación para cargo público por un tiempo de 4 años y medio.