El exalcalde de Baiona y diputado provincial, el socialista Carlos Gómez Prado, se enfrenta a penas que suman 3 años de prisión y 17 de inhabilitación como presunto autor de un delito continuado de prevaricación, en concurso con un delito de falsedad documental, por haberse quitado cinco multas de estacionamiento y haber usado una tarjeta fraudulenta para justificar que podía aparcar en una zona de carga y descarga.

Gómez Prado, junto con un oficial jefe de la Policía Local, acusado como cómplice, será juzgado por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, del 17 al 19 de enero.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Gómez Prado, que lidera el grupo municipal del PSOE de Baiona (tras ser desbancado de la Alcaldía en las elecciones locales de mayo pasado), fue multado por agentes de la Policía Local en cinco ocasiones, entre el 30 de abril y el 9 de junio de 2021, cuando era regidor de este municipio.

Con intención de eludir las sanciones, en el trámite de alegaciones presentó una tarjeta que, supuestamente, le autorizaba a aparcar en esa zona, y argumentó que no la había puesto en el vehículo cuando había aparcado esos días porque la había dejado olvidada en otro coche.

La Fiscalía sostiene que esa tarjeta fue elaborada posteriormente ‘ad hoc’, y firmada por el propio alcalde y el coacusado, oficial jefe de la Policía Local. Además, el entonces regidor aportó un informe firmado por ese policía, en el que éste aseguraba que conocía la existencia de la tarjeta acreditativa para ese coche, al servicio de la Alcaldía, y que, por tanto, el coche del alcalde estaba estacionado esos días y en esa zona con su conocimiento y autorización.

En todo caso, el Ministerio Público apunta en su escrito de acusación que, tal y como figura en el texto de la tarjeta supuestamente fraudulenta, el alcalde tampoco podría aparcar en esa zona de carga y descarga, sino solo en zonas habilitadas a tal efecto.

A raíz de esas alegaciones, el instructor del expediente, de la la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra, archivó el procedimiento sancionador.

En agosto de 2021, Carlos Prado firmó cinco resoluciones como alcalde en las que, «con total desprecio del deber de abstención» estimó sus propias alegaciones y resolvió archivar los expedientes sancionadores.

DELITOS Y PENAS

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público. Además, considera al segundo acusado cómplice en el delito de prevaricación y autor del delito de falsedad.

Así, reclama que Carlos Gómez Prado sea condenado a la pena de 15 años de inhabilitación para cargo público y a tres años de cárcel y otros 2 años de inhabilitación por el delito de falsedad, así como la imposición de una multa de 1.080 euros.

Para el otro acusado solicita la pena de 3 años de cárcel y multa de 1.080 euros, así como inhabilitación para cargo público por un tiempo de 4 años y medio.