El Gobierno ha aprobado, en su reunión en el Consejo de Ministros, el real decreto para la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027, una vez que pasó su examen el pasado jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

En su comparecencia, García Ortiz defendió su idoneidad para el puesto y cargó contra el Tribunal Supremo, por acusarle de «desviación de poder» por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, y contra los vocales del CGPJ que desaconsejaron que renovación. Además, defendió a los fiscales del ‘procés’ frente a las acusaciones por ‘lawfare’ y reivindicó su silencio sobre la amnistía: No soy un «opinador político».

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó en su Pleno ordinario en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo.

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.

Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.

Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.