El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, se ha reunido este lunes por videoconferencia con los directores de los centros que imparten enseñanzas de FP, a los que les ha anunciado que la Xunta va a eximir tanto al alumnado como a centros y a las empresas de cualquier carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas.

Según ha trasladado la Xunta, lo hará a través de un acuerdo con la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), con la que también viene colaborando en la gestión de la FP Dual y que, por lo tanto, cuenta con una acreditada experiencia en este ámbito. El Gobierno gallego destinará un millón de euros en habilitar este sistema, «frente a la desidia del Gobierno central».

«Alrededor de 16.000 estudiantes y 12.000 empresas colaboradoras se verán beneficiadas por esta medida, que garantiza que ningún alumno pierda sus prácticas», ha destacado el conselleiro, que ha hecho hincapié en que la Xunta considera positivo que los alumnos coticen por sus prácticas.

En este sentido, la Consellería ha detallado que es «la actitud unilateral del Gobierno central, imponiendo esta medida a las universidades y a las Comunidades Autónomas sin ningún tipo de diálogo, la que genera una situación de incertidumbre y pone en peligro las prácticas, e incluso la titulación de los alumnos».

Tal y como ha informado el departamento autonómico, Román Rodríguez ha explicado que la Xunta «lleva ya un tiempo trabajando con Feuga para articular esta solución, dado que el Gobierno central aun no habilitó los mecanismos jurídicos ni de gestión para hacer realidad esta medida, pese a que ya querían implantarla el 1 de octubre y a que la van a poner en marcha el próximo 1 de enero». «Los diferentes ministerios se rebotan el problema unos a los otros, pero ninguno ofrece una solución, está todo sin resolver», ha censurado.

«En la Consellería percibíamos que esto podía pasar y llevamos tiempo trabajando para dar respuesta a este problema, con el objetivo de no sobrecargar de trabajo administrativo ni a los centros ni a las empresas con todas las tareas derivadas de las altas y bajas en la Seguridad Social», ha indicado el conselleiro.

«DESCONTENTO GENERAL»

El conselleiro ha destacado el «descontento general» con la manera de poner en marcha esta medida, tanto de los gobiernos autonómicos como de las propias universidades. No en vano, ha relatado, solo en Galicia la cotización de prácticas afecta a 16.000 alumnos de FP y a otros aproximadamente 10.000 de universidades. Asimismo, ha asegurado que ponen en peligro que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, colaboren con la formación de los estudiantes.

En esta línea, Román Rodríguez ha denunciado «la clara intencionalidad política de Moncloa con esta medida». A partir del 1 de enero, los alumnos que realicen prácticas curriculares quedarán comprendidas como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.

«Es decir, el Gobierno central de manera unilateral decidió homologar un estudiante a un trabajador y que los estudiantes en prácticas pasen a ser cotizantes a la Seguridad Social. Hay una clara intención política de intentar maquillar las estadísticas laborales, aportando en el conjunto de España en torno a un millón de afiliados», ha señalado.

RETRASAR LA MEDIDA

Según ha trasladado la Xunta, la semana pasada, en la Conferencia Sectorial de Educación, Galicia pidió al Ministerio retrasar la puesta en marcha de esta medida hasta el inicio del curso 2024/25, ofreciendo más tiempo a alumnos, centros y empresas para adaptarse a ella.

Asimismo, se demandó que el Gobierno central habilitara un sistema informático sencillo y ágil que permita la gestión de las altas y bajas, evitando la carga burocrática para el sistema educativo y productivo.