La defensa de Óscar Felipe Charlín ha sostenido este martes ante el tribunal que juzga al clan de ‘los charlines’ por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva que no existen indicios que inculpen a su mandante, que jamás ha sido detenido o investigado por tráfico de droga y que no tuvo participación en las inversiones investigadas ni conocimiento de las cuentas suizas en las que aparecía como titular y autorizado.

En su informe final, ha sostenido que Óscar Felipe, uno de los hijos del ya fallecido patriarca de los charlines, no invirtió en la planta de Qingdao y ha recordado que de la investigación y de lo expuesto en el plenario solo se ha detectado «una intermediación» por medio de conversaciones telefónicas, algo que supone que su intervención fue «tangencial». «La única prueba de cargo se centra en dos conversaciones sacadas de contexto y una reunión (…) que nada tenía que ver con la fábrica de China», ha apostillado.

Según el escrito de Fiscalía, con el propósito de ocultar el origen ilícito de las cantidades procedentes de la droga, el clan invirtió 1,95 millones de dólares en una planta de elaboración y transformación de productos del mar en la ciudad china de Qingdao. El Ministerio Público indicaba que los acusados invirtieron en la puesta en funcionamiento de la fábrica y en el arrendamiento de los terrenos circundantes por 50 años.

En cuanto a otra de las vías de investigación, que ponía el foco en la compra de inmuebles y garajes a través de una mercantil denominada Orco Galaica, la defensa ha aseverado que no solo esas adquisiciones fueron legítimas sino que además Óscar Felipe Charlín no participó en su adquisición y «nunca fueron aprovechados o utilizados» por él.

INVESTIGADORES «PARCIALES»

Sobre este asunto, ha criticado la labor de los investigadores apuntando que han «tergiversado» los hechos convirtiendo operaciones lícitas en algo sospechoso de ser blanqueo, y ha sostenido que en este asunto se ha actuado con «parcialidad y falta de objetividad».

Por otro lado, en relación a las cuentas en Suiza en las que constaba como autorizado y titular, la defensa ha explicado que él las desconocía y que a lo largo del plenario «no se ha acreditado que tuviera participación» en las mismas.

Fiscalía mantiene que la investigación policial permitió dar con varias cuentas abiertas en entidades bancarias suizas donde se ingresaron importantes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico. El clan las habría nutrido entre 2000 y 2010, y el objetivo era ocultar esos fondos al fisco español y a las autoridades que persiguen el blanqueo. Según el Ministerio Público, en la cuenta titulada ‘Malla’ hallaron 1,3 millones de euros, en ‘Viauton’ un total de 757.844 euros, y en la cuenta ‘Blue’ 239.424 euros.

Sobre ellas, la defensa ha explicado que la propia Josefa Charlín, titular de las cuentas, manifestó que Óscar Felipe era «ajeno» a las mismas. Y ha apuntado que también dijo de forma expresa que ni su hija ni Óscar tuvieron participación o las gestionaron y que simuló la firma de su hija y de su hermano.

Antes de terminar su informe, la defensa ha incidido como ya se hiciera en la exposición de cuestiones previas que las conversaciones telefónicas intervenidas deben ser declaradas nulas en sentencia por «prospectivas», que los hechos están prescritos y que el juicio vuelve sobre asuntos ya juzgados.

Con todo, ha apuntado que si se mantiene la acusación por blanqueo, debe eliminarse los agravantes por organización criminal porque los hechos son «puntuales y aislados» y no hubo jerarquía alguna, deben tenerse en cuenta atenuantes por dilaciones indebidas y, en el caso de Óscar Felipe, han de eliminarse los agravantes por reincidencia dado que la sentencia previa fue firme con posterioridad a la apertura de esta causa de blanqueo.

LA DEPURADORA DE MARISCO

Este martes también han expuesto su informe final las defensas de dos encausados a los que la Fiscalía considera testaferros de los charlines, Ramón Rodríguez Paz y Santiago do Campo. El abogado del primero de ellos, presuntamente implicado en la causa por el papel que jugó con la depuradora de marisco vinculada a Teresa Charlín y a su hija Natalia Somoza, ha pedido la libre absolución para el empresario, ha tildado la causa de «absoluto embrollo jurídico» y ha aseverado que su mandante es «una víctima».

Según los investigadores, el constructor habría reclamado su preferencia sobre la planta de marisco que se subastó en favor de la hija de Teresa como parte de la estrategia para que el negocio no estuviera a nombre de la propietaria real.

Pero este martes la defensa ha explicado que la conducta del constructor fue siempre lineal y defendió sus derechos en la vía civil dado que solo procuró cobrar una deuda por parte de Teresa Charlín y en ningún momento su actuación puede ser penal. «Su acusación es más por sospechas y sensaciones», ha añadido.

Por otro lado, ha sostenido que dado que el constructor tiene «abundante patrimonio» es difícil de creer «cualquier actividad de blanqueo» y además «no reúne las característica que la jurisprudencia dibuja para un testaferro». Además, ha lamentado que se le haya incluido en la causa sin prueba indiciaria, y ha apostillado que de lo instruido lleva a pensar que «no hubo ningún tipo de concierto».

Por su parte, la defensa de Santiago do Campo, que dirigió la empresa Orco Galaica, ha señalado que en su caso se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al imputarle sin existir pruebas de cargo suficientes o siendo estas «muy endebles».

Y ha solicitado que en caso de que se siga contra él por blanqueo, que se aplique pero por imprudencia grave porque «no sabía» que determinados fondos –como los destinados a la compra de inmuebles– tenían origen de actividad ilícita. «Actuó en la creencia firme de luchar por la sociedad que creó (…) y estuvo muy al margen de los coacusados», ha añadido.

El juicio continuará este miércoles, cuando tras finalizar los informes será el turno de la última palabra de los acusados y probablemente quedará visto para sentencia.

Cabe recordar que la Fiscalía Antidroga, en su escrito de acusación, solicita penas que van de los 5 a los 6 años de prisión para cada uno de los acusados, entre los que se encuentran hijos y nietos del capo Manuel Charlín, y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno.

Interesa asimismo el decomiso definitivo en favor del Estado de la totalidad de los elementos patrimoniales que se usaron para posibilitar el blanqueo de dinero logrado por el narcotráfico, y en concreto se refiere a una depuradora de marisco en A Illa de Arousa (Pontevedra), varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suiza y cantidades equivalentes a lo invertido en China y que ascendería a casi 2 millones de euros.