La Fiscalía Antidroga ha pedido este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a ‘los charlines’ que dicte una sentencia condenatoria en su contra asegurando que el patrimonio familiar «procede del tráfico de drogas» y que el clan se enriqueció ilícitamente blanqueando ese dinero.
Durante la exposición de su informe final, el representante del Ministerio Público ha sostenido que en la vista oral ha «resultado acreditada la relación de la familia Charlín» con el narcotráfico. La Fiscalía ha modificado ligeramente sus conclusiones al solicitar dilaciones indebidas de una parte y, de otra, agravantes para otros acusados.
Cabe recordar que, en su petición inicial, Antidroga pidió penas que van de los 5 a los 6 años de prisión para cada uno de los acusados, entre los que se encuentran hijos y nietos del patriarca familiar –ya fallecido– y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno de ellos.
«En el presente caso tenemos varios millones de euros, casi todo el dinero en efectivo, prácticas mercantiles inusuales, no está documentado nada, paraísos fiscales sociedades offshores, cuentas en China, ¿nos han justificado de algún modo que un solo céntimo de la familia Charlín tuviera origen en dinero lícito? Absolutamente nada», ha apuntado el fiscal.
A lo largo del informe, ha hecho un repaso por las supuestas prácticas llevadas a cabo por la familia para blanquear el dinero de origen ilícito, como la subasta de una depuradora de marisco y los terrenos adyacentes y la inversión en una planta de elaboración y transformación de productos del mar en la ciudad china de Qingdao.
A juicio del fiscal, también ha quedado probado que ‘los charlines’ eran una organización criminal. «Vemos la utilización de medios idóneos, sociedades interpuestas, procesos judiciales fraudulentos, apertura cuentas corrientes en el extranjero, una estabilidad de más de 10 años, distribución de funciones o cometidos. Y lo importante es la actividad persistente y duradera», ha apostillado.
VENTA DE ESTUPEFACIENTES
La Fiscalía sostiene que como consecuencia de la actividad del narcotráfico «los acusados integrantes del clan familiar de los charlines se han venido enriqueciendo con el producto de la venta de sustancias estupefacientes», y con la finalidad de ocultar el «importante patrimonio ilícitamente obtenido (…) crearon todo un entramado de personas, sociedades y otras formas jurídicas interpuestas que obedecían a la finalidad de evitar que el producto de esa actividad ilícita llegara a figurar en algún momento a su nombre».
El Ministerio Público asevera que pudieron introducir en el tráfico mercantil «ingentes ganancias» y crearon una apariencia de licitud de tales ingresos y lograron la ocultación de su origen. Añade que quien tenía la última palabra siempre era el capo Manuel Charlín Gama a pesar de que estuviera cumpliendo pena de prisión, porque «era consultado acerca del destino y de la actuación en relación con determinados bienes».
Antidroga interesa el decomiso definitivo en favor del Estado de la totalidad de los elementos patrimoniales que se usaron para posibilitar el blanqueo de dinero logrado por el narcotráfico, y en concreto se refiere a una depuradora de marisco en la Illa de Arousa (Pontevedra), varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suiza y cantidades equivalentes a lo invertido en China y que ascendería a casi 2 millones de euros.
