El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha declarado desierto el proceso de licitación pública para contratar, por casi 1,4 millones de euros durante tres años –ampliables a cinco–, la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de hasta 14 semanas, al no presentarse ninguna oferta al concurso.

Así consta en la plataforma de contratación de la Xunta, con una resolución con fecha del martes de esta semana, 17 de octubre, dos meses después de iniciar este proceso de licitación. El nuevo documento, que avanza ‘Praza.gal’ y que está firmada por la gerente del Sergas, Estrella-López Pardo, explica que una reunión de la mesa de contratación del 29 de septiembre comprobó «que no había ofertas presentadas», por lo que propuso la declaración del concurso como desierto.

¿Y qué ocurre en estos casos? El artículo 168 de la ley de contratos del sector público de 2017 permite recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que se podría pactar el contrato y su precio con una empresa privada sin hacer convocatoria pública. También se podría volver a sacar a licitación el servicio cambiando alguna condición para favorecer que alguna clínica se presente.

Consultada por Europa Press sobre los próximos pasos a dar, la Consellería de Sanidade enmarca dentro de lo habitual la declaración de un concurso desierto y explica que la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria «está evaluando» propuestas sobre cómo dar continuidad a las interrupciones voluntarias del embarazo, lo cual «se decidirá en un futuro».

Sanidade defiende el proceso de contratación de acuerdo con la ley del año 2017 e insiste en que «continuará garantizando esta prestación a cualquier mujer» en Galicia, «cuando así lo necesite».

«FALTA DE RECURSOS»

Según los pliegos del contrato, la licitación se justificaba con «el incremento y continuidad» de la prestación asistencial y por la «falta de recursos, tanto materiales como humanos suficientes» en el servicio sanitario. También se aludía a que los facultativos del sistema público tienen el derecho de ejercer la objeción de conciencia».

El Sergas alega que la contratación de este servicio «no responde a ningún cambio en las políticas de la Xunta» sobre lo que ya se hacía hasta la fecha.

«Cualquier mujer con un embarazo de menos de 14 semanas que quiera interrumpirlo en la sanidad pública puede hacerlo hoy, igual que lo podrá hacer tras la licitación de este contrato que no cambia en nada la prestación», afirma.

EL CONTRATO PODÍA SUPERAR LOS 2,5 MILLONES

La vigencia del contrato que salió a concurso tenía una duración inicial de tres años por un valor estimado de 1.373.910 euros. Si a esto se le añadiesen otros 915.940 euros por eventuales prórrogas –por otros dos años, hasta cinco– y posibles modificaciones por 274.782 euros, el total ascendería a 2.564.632 euros.

Asimismo, está repartido en dos lotes con diferencia notable en cuanto a las cantidades. El primero cubre las áreas sanitarias de A Coruña-Cee, Ferrol, Santiago-Barbanza y Lugo-A Mariña-Monforte, que en cinco años superaría los 1,16 millones de euros. El segundo, para las áreas de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, Vigo y Pontevedra-O Salnés, tendría un valor de poco más de 210.000 euros.

El Sergas estima que esta licitación cubriría 805 abortos al año, de los cuales la gran mayoría (801) serían con el empleo de instrumental y otros cuatro, mediante métodos farmacológicos.

De acuerdo con un informe remitido a comienzos de año por la Xunta al Parlamento gallego, a solicitud del PSdeG, entre los años 2020 y 2022 se practicaron en Galicia un total de 10.515 abortos –una media de 3.500 al año–. De todos ellos, el 64,32% fueron en el Sergas y el 35,68% en clínicas privadas autorizadas.