La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) solicita una moratoria en el cobro de las liquidaciones que Augas de Galicia, dependiente de la Xunta, reclama a los ayuntamientos que cuentan con depuradoras cuya gestión asume el organismo autonómico o una empresa a través de contratos de concesión de obra pública.

La entidad municipalista pide que se aplacen las reclamaciones de estas cuantías hasta que se solucionen las discrepancias con la Administración autonómica a raíz de la ley del ciclo integral del agua, que fue señalada desde sus comienzos por la oposición (BNG y PSdeG) porque supondría, denunciaban, aumentos en la factura.

Estas demandas han surgido de una reunión que este martes han mantenido varios alcaldes de ayuntamientos afectados con el presidente de la Fegamp y también regidor de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, y los vicepresidentes primero y segundo, Carlos Martínez y Secundino García, respectivamente.

Los asistentes, según informa la Fegamp en un comunicado, han coincidido en denunciar que «no hubo diálogo previo» con los ayuntamientos para sacar adelante esta ley que supuso «cuantiosos incrementos en el cobro del agua».

La realidad ha dado «la razón» a la federación municipalista, afirma, en sus previsiones que apuntaban a un incremento del 60 por ciento sobre el coste de la factura. En este contexto, la entidad solicita abrir «un proceso de diálogo» con Augas de Galicia para que ambas partes acuerden una «solución óptima».

Además, la Fegamp solicita una moratoria del cobro de estas cuantías hata que se resuelvan estas discrepancias, como muestra de la «buena voluntad» de ambas partes para resolver el conflicto.

«La Xunta y Augas de Galicia no debieron pretender ahogar a los ayuntamientos con los recibos del agua de una ley que se impuso sin diálogo», esgrime Alberto Varela.