Casi la mitad de las quejas tramitadas por A Mesa pola Normalización Lingüística en 2022 fueron por vulnerar el derecho al uso del gallego, según han expuesto sus responsables en la presentación del informe anual de ‘Liña do Galego’.

Ha sido en una comparecencia con presencia del presidente de A Mesa pola Normalización, Marcos Maceira; la responsable del estudio, Sara Seco y la diputada de Lingua de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra.

De acuerdo con el citado informe, en 2022 la entidad tramitó a través de llamadas, correos electrónicos y de la app ‘Liña do Galego’ un total de 1.048 expedientes, de los que 43 fueron tramitados como felicitaciones, 536 como consultas y 469 como quejas.

De estas quejas, el 22% están relacionadas con la deturpación de la toponimia, el 20% con la rotulación y señalización, el 17% con la imposibilidad de uso del gallego en la atención oral y escritura, el 21% en los servicios online y el 20% por otras discriminaciones (20%).

Según se apuntó, el volumen de quejas y felicitaciones fue similar al del año anterior, pero en las consultas se produjo un aumento significativo, pasando de 55 en el 2021 a 536 en 2022.

En la presentación del informe, Marcos Maceira recordó que el servicio que presta A Mesa, de forma gratuita, es el único que hay en Galicia e incidió en que solo cuenta con apoyo de la Diputación coruñesa.

PRINCIPALES CONSULTAS

La responsable del informe, Sara Seco, explicó que las consultas recibidas por ‘Liña do Galego’ tienen a ver con situaciones donde, inicialmente, se niega a personas usuarias de servicios la posibilidad de usar y recibir atención en gallego. «Una anomalía en un país en el que teóricamente su lengua propia es oficial, pero que contrasta con las posibilidades reales de uso», aseguró Maceira.

Además, dijo que se observa un «aumento de la consciencia lingüística» y de la necesidad de las administraciones públicas y empresas de asumir compromisos claros con la lengua. En el caso de las entidades públicas, concretamente las autonómicas, se asume, añadió, que tienen «un deber mayor» en el uso de la lengua «que no cumplen», afirmó con alusión concreta al Sergas.

Respeto a las empresas, Sara Seco destacó como los casos más «preocupantes», aquellos donde «se atreven, amparados en la impunidad, a recriminar a su clientela el uso de la lengua gallega, instándola a usar el castellano para completar los servicios solicitados». «El chantaje lingüístico para forzar a las usuarias y usuarios de servicios está a la orden del día», apuntó el responsable de A Mesa.

Por su parte, la diputada provincial apeló a trabajar por la igualdad de derechos lingüísticos y para poner fin «a los perjuicios, tópicos y actitudes negativas que aún hoy afectan al uso de nuestra lengua». También resaltó el deber de las entidades públicas a la hora de «garantizar que cualquier persona que así lo desee pueda desarrollar su vida plenamente en gallego con normalidad».