Unións Agrarias ha apostado por una gestión integral de las poblaciones del lobo, de manera que se garantice la persistencia y conservación de las especie, así como la convivencia con la ganadería extensiva gallega.

Así lo ha explicado, este jueves en una rueda de prensa, el responsable del área de desarrollo rural, Jacobo Feijoo, en la que ha presentado el ‘Informe sobre la situación del lobo en el medido rural de Galicia’ y que enviará a la Comisión Europea.

De esta forma, ha detallado que el lobo «no está» en peligro de extinción en Galicia y que «nadie en el rural» aboga por su desaparición, sino por su convivencia.

A renglón seguido, ha hecho referencia a los ataques del lobo a la ganadería gallega en los que ha detallado que unas 2.203 reses ganaderas de media al año son las declaradas, en los últimos cinco años, muertas por ataque del lobo.

Con todo, ha remarcado que no solo son las pérdidas directas en reses, sino el aumento de los costes que inducen la necesidad de implementar medidas preventivas.

Unións Agrarias ha estimado que los daños reales directos superan los dos millones de euros al año. De esa cuantía estimada, ha señalado que la Xunta en el año 2023 dispuso como presupuesto anual de ayudas en concepto de pagos 646.224 euros, aproximadamente un 32% de las pérdidas reales estimadas, el resto es soportado por los ganaderos.

GESTIÓN INTEGRAL

Por lo tanto, UU AA ha basado su gestión integral en varios pilares. Los cuales pasan por la indemnización justa de los daños a los ganaderos, ayudas para medidas preventivas, la gestión de restos de animales para una alimentación disuasoria y la caza reglada.

En este último punto, ha incidido en que aunque la caza «nunca fue una herramienta» de gestión poblacional del lobo en Galicia, «dificultar esta posibilidad» en una normativa de ámbito estatal, «es un error».

Asimismo, ha explicado que «no están claras» que acciones individuales de caza se vayan a autorizar a petición de los afectados. Por ello, ha pedido «clarificar la norma legal» para aclarar las condiciones de autorización de las acciones puntuales de caza.

Además, ha hecho referencia a la «preocupación existente» entre los ganaderos, por la «tendencia a criminalizarlos y acusarlos de falta de diligencias».

En cuanto a las ayudas, ha incidido en que las destinadas a la convivencia del lobo de la PAC «deben ser para compensar» costes adicionales de manejo del ganado, «no deben de utilizarse como excusa» para no compensar los daños con pagos directos.

Finalmente, ha remarcado que las líneas de ayudas por pago de daños «deben de cubrir todas las pérdidas» con costes reales de mercado y ser ágiles en su tramitación y pago ya que un ganadero «tarda en cobrar más de nueve meses» una indemnización.

«RIESGO POTENCIAL» PARA LA POBLACIÓN

En cuanto al «riesgo potencial» que solicitaba la Comisión Europea, ha explicado que en localidades como Celeiro y Ourol, en la provincia de Lugo, el lobo «abandonó el monte y caza en el entorno de las casas».

Por lo que este es un comportamiento de «alto riesgo» hacia las personas y ante esta situación «parece totalmente idóneo» que se utilice la caza selectiva mediante esperas –no batidas– realizadas por especialistas.