El juzgado de instrucción número 3 de Santiago ha citado al ex director xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, este miércoles 21 de septiembre en calidad de investigado en relación con la explotación de San Finx, en Lousame (A Coruña).

De acuerdo con la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, están también llamados a declarar para ese día otros dos investigados: el jefe de servicio de energía y minas en A Coruña y uno de los funcionarios del mismo departamento.

Tahoces y estos dos funcionarios deberán responder en sede judicial en relación a un supuesto delito de falsedad en documento público. En concreto, ha sido llamado junto a dos funcionarios que en su día estaban a su cargo, según explica la cofradía de pescadores de Noia, personada en otras dos causas penales contra funcionarios y altos cargos de Augas de Galicia y contra la propia empresa minera australiana.

La agrupación pesquera afirma que Tahoces y los miembros de la Administración autonómica firmaron informes «con falsedades» relativas a las presas mineras abandonadas y a la contaminación existente.

Según sostiene la cofradía, personada en la causa junto a Ecoloxistas en Acción y Verdegaia; los investigados pretendían beneficiar a la empresa a través de informes firmados por los imputados que cotenían «información falsa».

«Pretendían beneficiar a la empresa concesionaria intentando hacer pasar la presa de residuos mineros de San Finx como parte de las instalaciones de una central hidroeléctrica inexistente y, un año más tarde, relacionándola con un molino de maíz», añaden las entiaddes denunciantes.

La presa de hormigón es de 50 metros de largo y 14 de alto, según los datos de la cofradía, que añade que fue construida por la empresa minera en 1939 como depósito de lodos «y que apareció en los planes oficiales de labores hasta que se dejaron de presentar en el año 2000».

Augas de Galicia, según el pósito, «reconoció que en caso de colapso los residuos mineros almacenados causarían un importante impacto ambiental aguas abajo, estando tan solo a siete kilómetros de la ría de Noia».

«Evitando reconocer que se trataba de una presa de residuos mineros los imputados habrían intentado evitar las responsabilidades de la empresa concesionaria, que tendría que hacer frente a una restauración valorada en varios millones de euros, y daños multimillonarios, en caso de colapso y afectación a las zonas de marisqueo en la ría», subraya.

A su juicio, los funcionarios y el alto cargo «intentaron ocultar la existencia de la contaminación con metales pesados, apoyando el argumento falso de la empresa». «Insistieron una y otra vez», según la organización de pescadores, en que «no era necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental», algo que la propia Xunta «acabó reconociendo que era imprescindible».

Esta no es la única causa penal que afecta a las minas de San Finx. En paralelo, la cofradía está personada como acusación popular en otra causa de los juzgados de Santiago contra cuatro funcionarios y altos cargos de Augas por supuestas malversación, prevaricación y falsedad, así como en un proceso por delitos medioambientales que se instruye en los juzgados de Noia contra la empresa y sus directivos.