El pleno de la Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes destinar a obras y actuaciones en distintos ayuntamientos de la provincia en torno a 3,7 millones de euros, de los cuales 1,3 millones surgirán de una modificación de crédito para sacar «recursos de donde no los hay».

Así lo ha explicado en rueda de prensa –antes del pleno– el presidente de la Diputación, Luis López (PP), quien ha vuelto a asegurar que el gobierno anterior, liderado por la socialista Carmela Silva en coalición con el BNG, dejó el presupuesto de la institución «casi agotado» y «sin apenas margen de maniobra».

«Se dieron unas circunstancias de un gasto muy excesivo en los cinco primeiros meses del año coincidiendo en el período preelectoral», ha censurado López.

Estos 1,3 millones serán para «invertir en la mejora de equipamientos de infraestructuras» en la provincia, ha subrayado el presidente. La modificación de crédito ha contado con el voto favorable de PP y BNG, mientras que el PSdeG-PSOE se ha abstenido.

A esta cuantía se ha añadido la aprobación de una prórroga por otros 2 millones de euros dentro del acuerdo marco para obras de cunetas de seguridad en la red de carreteras provinciales, dividida en tres zonas: norte (665.125 euros), centro (738.228) y sur (595.975 euros).

La sesión de este viernes también ha servido para certificar el cambio de titularidad de varias vías de la Diputación en Tui, A Illa de Arousa, Marín y Valga, que ahora pasan a ser municipales; y modificaciones de proyectos para ejecutar actuaciones en Covelo, Lalín, Mondariz, Pontecesures, Sanxenxo y Vila de Cruces financiados con recursos del programa ‘ReacPon’.

Mientras tanto, 350.000 euros se destinarán a desbloquear la «parálisis» de obras de seguridad en dos carreteras: la EP-9702 entre As Salinas y Vilanova de Arousa; y la zona urbana de la EP-2202 entre Baiona y Lourenza.

En otro orden de asuntos, el presidente de la Diputación ha dado cuenta ante el pleno del período medio de pago de la institución que dirige a los proveedores en junio (7,36 días) y julio (8,8 días). Así, Luis López ha destacado que se trata de un plazo inferior tanto al legal establecido de 30 días como a la media de las entidades locales españolas, situada en los 37 días.