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Rural.- La Asociación Forestal de Galicia pide a la Xunta «defender» a los montes vecinales ante procesos expropiatarios

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La Asociación Forestal de Galicia (AFG) propone que la reforma de la ley de montes vecinales en mano común refuerce «la imprescriptibilidad de los terrenos comunales y los defienda frente a los procesos de expropiación».

Lo hace tras presentarse este mes ante la Xunta sus aportaciones al borrador del Libro Blanco sobre la reforma de la regulación de los montes vecinales en mano común (MVMC) de Galicia, «que pretende servir de guía para enmarcar la realidad de los montes vecinales antes de legislar sobre él». En el documento entregado recogen «las preocupaciones transmitidas» por las comunidades de montes asociadas a la AFG.

Y es que esta entidad considera necesario «reforzar la imprescriptibilidad» de estos montes vecinales y que el nuevo texto «establezca con claridad que la posesión inmemorial de los vecinos sobre un monte común, debidamente acreditada, no se pierde por ocupaciones o usurpaciones ilegales».

Para el vicepresidente de montes vecinales de la AFG, José Luis Campos, en el Libro Blanco debe constar que «aún subsisten situaciones de abusos y usurpaciones que cercenan la extensión de las propiedades en común, siendo un deber de la Administración autonómica velar y defender este patrimonio referente de Galicia».

Además, según añade la asociación, uno de los objetivos de la nueva ley «debe ser el de reforzar la función social de la propiedad en común».

Para «preservar» esta figura, especifica, «la posibilidad de acudir a la expropiación forzosa para ocupar monte vecinal o imponer servidumbres debe ser restringida y condicionada, justificando la necesidad de acudir a esa vía sin optar a un acuerdo amistoso».

Por ello, la AFG pide que en los procesos de expropiación, el interés social prevalante del proyecto sobre el interese social y medioambiental del propio del monte vecinal debe quedar «suficientemente acreditado, de una forma indudable y concluyente, y siempre habida cuenta los intereses manifestados por las comunidades afectadas».

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