La Marcha Mundial das Mulleres y la Plataforma feminista de Lugo han acusado a la Xunta de «agravar» la salud sexual y reproductiva al derivar la interrupción de embarazos a la sanidad privada, ante la información de la licitación de convenios con clínicas privadas.

En un comunicado, las organizaciones señalan que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tiene que poder ejercerse con garantías de salud integral para las mujeres y no concebirse como un negocio para las clínicas privadas.

«La administración pública debe contar con recursos suficientes en la red sanitaria pública gallega para hacer efectivo este derecho», indican para advertir de que la consideración de las autoridades sanitarias de la interrupción del embarazo como un «procedimiento menor, sin riesgos», implica «un claro menosprecio» de la salud de las mujeres.

Además, apuntan que los conciertos con clínicas privadas obliga muchas veces a las mujeres a tener que desplazarse fuera de su área sanitaria, «teniendo que disponer de un medio de transporte adecuado y con el consiguiente riesgo después de una intervención de estas características».

También señalan que la objeción de conciencia del personal sanitario no puede ser motivo para que en la red pública no se cuente con personal suficiente para garantizar las intervenciones. «Una buena forma de paliar este problema sería destinar los recursos de los convenios con la privada a aumentar los recursos públicos», apunta.

Además, reclaman introducir la educación afectivo sexual obligatoria en el currículo escolar, programas de divulgación e información sobre los derechos sexuales y reproductivos a través de los CIM y recuperar las funciones de educación sexual de los centros Quérote.