La Plataforma comarcal en contra de los vertidos de la mina de San Finx ha desvelado este jueves los resultados de las analísticas realizadas por Augas de Galicia que, según esta entidad, suponen niveles de cadmio «78 veces más altos» que los valores permitidos en el río de San Finx y que atribuyen a la mina.
Según explica en un comunicado, después de las denuncias realizadas por la plataforma –que agrupa a ecologistas y cofradías–, el 11 de agosto, los técnicos de Augas de Galicia tomaron varias muestras tanto aguas arriba como abajo de la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña).
Esta semana se han conocido los resultados del laboratorio, según ha indicado la plataforma, y estos revelan que aguas abajo de las balsas de la mina los niveles de cadmio –«sustancia peligrosa prioritaria y elemento cancerígeno– superan 78 veces el valor máximo permitido por la legislación.
Además, sucede lo mismo para otros metales pesados como el cobre o cinc, que superan en «48 y 8 veces», respectivamente, los valores máximos permitidos.
La plataforma señala que, en contraposición, la muestra tomada aguas arriba, en la zona del museo, los valores se encuentran dentro de la legalidad, lo que «evidencia que la contaminación se produce por los vertidos ilegales y lixiviados que continúa causando la mina».
PIDEN EXPEDIENTES SANCIONADORES
Por ello, la plataforma exige a la Xunta que inicie los «correspondientes expedientes sancionadores por vertidos ilegales y retire a la empresa minera la autorización de vertidos concedida ilegalmente en el pasado mes de febrero, por vulneración del condicionado».
Por otro lado, las cofradías de Noia y Portosín, que iniciaron un proceso penal contra la empresa minera por presuntos delitos contra el medio ambiente, ya trasladaron estas «nueva evidencias» al juzgado instructor de la causa en Noia, al respecto de lo que ha solicitado que se adopten las medidas cautelares para «evitar la continuidad del daño».
PROCESOS PENDIENTES
Al margen de la causa penal, ya están en curso varios procesos judiciales contra la propia autorización de vertidos, en este caso, los juzgados de lo contencioso de Santiago, que serán los que tendrán que resolver sobre la legalidad del permiso otorgado el pasado mes de febrero.
En todo caso, adelantan una «avalancha» de demandas una vez que Augas de Galicia aún no resolvió los más de 20 recursos de alzada presentados contra la autorización, incluido el de las cofradías de Noia, Portosín, Porto do Son, Muros y Rianxo, las organizaciones de productores de mejillón Olvimar y la APM de A Pobra, así como los Ecoloxistas en Acción, la Federación Ecoloxista Galega, Adega, Verdegaia, Sociedade Galega de Historia Natural, Montescola, Sindicato Labrego Galego, Tralapena y Salvemos Monteferro.
Para la plataforma comarcal, los recursos presentados evidencia la «enorme oposición social» a una autorización ilegal que se otorgó tras siete años de «irregularidades». En este sentido, recuerda que altos cargos de la Xunta que otorgaron la autorización están encausados en un proceso paralelo por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
